Torpedo a la línea de flotación de la macrocausa contra el procés catalán
La decisión de Schleswig-Holstein de no entregar a Puigdemont acusado de rebelión tuerce los planes de Llarena, que todavía tiene la opción de rechazar la entrega y llevar el caso, como ya anunció hace meses, ante el TJUE
Manifestante a las puertas del Tribunal Supremo / Alberto Pozas
Madrid
La decisión de la Justicia alemana de no entregar a Carles Puigdemont acusado de rebelión, sólo por un delito de malversación de caudales públicos, pone en serias dificultades a la macrocausa que ha instruído durante ocho meses el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Con esta resolución encima de la mesa, Llarena sólo tiene dos opciones: asumir la derrota y aceptar juzgar al expresident catalán sólo por malversación o rechazar su entrega y volver a dejarle ir a la espera de un mejor momento, como ya hizo en su momento con Bélgica, mientras lleva el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, como ya planteó en abril.
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A la espera de que una reacción oficial por escrito de Llarena, el nuevo escenario confirma los peores temores del magistrado, que ya en el pasado llegó a asegurar que una decisión como la que ha tomado Schleswig-Holstein este jueves pondría en peligro el proceso: "La depuración de responsabilidades debe ser llevada de manera unificada o podría romperse la continencia de la causa", dijo por ejemplo en un auto en diciembre. En la sala de lo penal la opción de retirar la euroorden, como ya hizo con Bélgica, es la que suena con más fuerza a falta de una decisión definitiva del magistrado.
Lo dijo cuando ya se encontró con una situación similar en Bélgica. El pasado mes de diciembre, el juez instructor decidió renunciar al proceso de extradición de Carles Puigdemont, Toni Comín, Mertixell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig al ver peligrar la acusación por rebelión contra ellos. Acusar a parte de la cúpula del procés por rebelión y a los fugados por otro distinto, dijo entonces, podría "conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes".
Para el juez, por tanto, enviar a Puigdemont al banquillo de la sala de lo penal acusado sólo de malversación afectaría al derecho de defensa, por ejemplo, de líderes independentistas como Oriol Junqueras o Carme Forcadell, encarcelados y que serán juzgados por este delito salvo cambio de última hora en el criterio de la Fiscalía. Dijo textualmente que supondría "una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en 'peor derecho' que quienes se encuentran fugados".
La clave de bóveda
La decisión de Alemania cuestiona el pilar maestro de la causa que Llarena ha concluido recientemente después de ocho meses de instrucción: el delito de rebelión. Un delito que desde las primeras dos querellas que interpuso la Fiscalía hasta el auto de conclusión de sumario de Llarena ha justificado, por ejemplo, el envío a prisión de exconsellers como Jordi Turull, Josep Rull o Raül Romeva, y que ha basado su vigencia en una instrumentalización de la violencia callejera que ahora niega tajantemente Schleswig-Holstein.
Desde el primer momento, tanto Fiscalía como instructor como sala de apelaciones han apostado por acusar a la cúpula del procés por este delito, defendiendo que el Govern tenía previsto instrumentalizar los brotes violentos, que algunos como Joaquim Forn lo promovieron desde sus puestos de responsabilidad y que otros, como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, directamente participaron en estos disturbios en las calles, por ejemplo el 20 de septiembre.
Juicio a la vista
La decisión de Alemania llega con la investigación contra el procés ya preparada para juicio en el Tribunal Supremo y con la causa partida en dos: por un lado con los imputados que están en España - encarcelados o en libertad - y, por otro, los siete que se fugaron a Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia. El magistrado tomó esta medida al ver que los distintos países podían demorar la entrega de los huidos, e incluso negarla como acaba de suceder este jueves.
Manifestantes en apoyo a los fugados y presos catalanes en Lledoners / Gemma Aleman
Además del caso de Puigdemont, el Tribunal Supremo español todavía no tiene asegurada la entrega por rebelión de los otros seis fugados: Clara Ponsatí en Escocia, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig en Bélgica y Marta Rovira y Anna Gabriel en Suiza.
