La Fiscalía pedirá las penas mínimas establecidas para la rebelión para los líderes independentistas
Fuentes del caso afirman que su intención es mantener la acusación por este delito
El Código Penal contempla penas mínimas de 15 años de cárcel para los líderes de una rebelión
Manifestantes con pancartas en apoyo a Junqueras y el resto de encarcelados y fugados / Paco Freire (SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Madrid
La apertura de juicio oral para los líderes independentistas está cerca y la Fiscalía cierra los últimos flecos de su escrito de acusación de cara al juicio que arrancará en el Tribunal Supremo dentro de unos meses. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del caso, la intención del Ministerio Público es mantener la acusación por un delito rebelión para los presos y pidiendo condenas mínimas por este delito cuya horquilla penal arranca en los quince años de presidio.
Este escrito de calificación provisional será presentado en los próximos días - después de que el Supremo confirme la instrucción de Llarena - y antes debe ser revisado por la Fiscalía General del Estado, además de ser susceptible de cambios al término del juicio, cuando el Ministerio Público tenga que hacer definitiva su acusación tras quedar visto para sentencia, sin que se descarte poder variar y rebajar esa calificación.
- EL DELITO DE REBELIÓN
La Fiscalía, por tanto, mantiene el criterio que ha venido defendiendo desde la interposición de las dos querellas que dieron origen a la causa instruida por Pablo Llarena: que los líderes políticos y civiles del procés pudieron incurrir en un delito de rebelión al apreciar que intentaron instrumentalizar los disturbios callejeros del 20 y 21 de septiembre en Catalunya para doblar el brazo del Estado y avanzar hacia la independencia.
La intención de la Fiscalía es mantener esta acusación contra los líderes encarcelados - con Oriol Junqueras aspirando a la petición más alta - al margen de la petición de cárcel, inhabilitación o multa que pueda añadirse por malversación de caudales púbicos contra los que formaban parte del Govern de Carles Puigdemont.
Querellas por rebelión
Desde el comienzo de la causa hace casi un año, la Fiscalía ha sido la principal impulsora de la acusación por rebelión contra Puigdemont, su Govern destituido y los 'Jordis': las dos querellas que dieron origen al procedimiento, entonces con José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General, aseguraban que la acusación por rebelión "es firme" y destacando "la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público".
Manifestantes con pancartas con las caras de los encarcelados / David Ramos
Manifestantes con pancartas con las caras de los encarcelados / David Ramos
Tanto el juez Pablo Llarena como la sala de apelaciones han mantenido también esta acusación durante la fase de instrucción, con nueve de los enjuiciados procesados en firme por este delito: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Los otros nueve están acusados de desobediencia y algunos también por malversación.
Hasta 30 años de prisión
El Código Penal recoge condenas que van desde los dos hasta los treinta años de cárcel para las distintas modalidades del delito de rebelión, con el artículo 473.1 siendo el de aplicación en este caso: las penas mínimas que piensa pedir la Fiscalía, en caso de considerar a los acusados como "jefes principales" arrancan en los quince años, aunque hay distintos grados inferiores para, por ejemplo, quien ejerza un "mando subalterno" o sea "mero participante". Si se ha ejercido "violencia grave", las condenas llegan hasta las tres décadas.
Chapa con la cara de Junqueras en el abrigo de Gabriel Rufián / Alberto Pozas
Chapa con la cara de Junqueras en el abrigo de Gabriel Rufián / Alberto Pozas
Será la sala de lo penal del Tribunal Supremo la que decida, en última instancia, si condena a los líderes independentistas por rebelión. Además de una posible condena de cárcel, se exponen también a condenas de inhabilitación que alcanzan los 25 años de inhabilitación absoluta, lo que también afectaría a su capacidad para volver presentarse a un proceso electoral.
