"Viene un guiri y la compra": la advertencia de la alcaldesa de Mogán sobre la vivienda vacacional en Canarias

El Ayuntamiento de Mogán ha llevado a cabo un contundente movimiento en contra de la regulación del alquiler vacacional propuesta por el Gobierno de Canarias. Según su alcaldesa, esta norma impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y acabará erradicando casi la totalidad de las ya existentes, a consecuencia de los requisitos urbanísticos y administrativos que se exigen a los ayuntamientos y a los propietarios de estos inmuebles. Sin embargo, favorecerá la expansión de los parahoteles de grandes propietarios y fondos de inversiones. Llegan a solicitar la suspensión del anteproyecto, hasta que se logre desarrollar un nuevo texto consensuado con los municipios afectados.

Según Onalia Bueno, este decreto convierte a los municipios canarios en los verdugos de la Ley. "No se puede reflexionar de forma aislada diciendo que la vivienda vacacional es lo único que ha hecho eliminar vivienda para los residentes", explica la alcaldesa, que advierte cómo únicamente en su municipio hay un 30% de viviendas vacías. En Canarias se cifran en 200.000 las casas vacías, aunque el censo no es del todo riguroso. "No podemos quedarnos tranquilos ante esta aberración de proyecto de Ley que se ha hecho, porque estamos hablando sobre todo de pequeños propietarios, no de grandes tenedores de vivienda", denuncia la alcaldesa.

Un zulo por 500 euros: la vivienda más barata de Mogán

Los datos que ofrece el consistorio revelan que en su municipio hay más de un 30% de viviendas que están vacías, y por eso piden medidas para incentivar el alquiler de esas viviendas, introduciéndolas en el mercado. "Es el Gobierno de España el que tiene que incentivarlo, mientras no cambie la Ley que da oxígeno a los okupas, los propietarios no van a abrir sus viviendas para alquiler de larga duración", critica la alcaldesa, que pide una modificación legal al respecto. "En las zonas de medianías hay una despoblación masiva, si la vivienda vacacional no la cuidamos en esas zonas de medianías el comercio caerá y se cerrarán y se terminarán por abandonar. O que venga un guiri y las compre", alerta la alcaldesa.

Lo cierto es que el panorama habitacional en Mogán es desolador. Un estudio en el barrio de Puerto Rico cuesta 800 euros, la oferta más barata disponible en Idealista en esta zona-. En Patalavaca, por ejemplo, el apartamento más barato no baja de 750 euros, con 40 metros cuadrados y varios meses de fianza. Lo más asumible está en Tauro, Playa del Cura, aun así, son 650 euros al mes. Esta cifra supone alrededor de la mitad del sueldo de un trabajador del turismo. Lo más barato que hay en Mogán es un bajo sin ascensor de 25 metros cuadrados, -casi sin ventanas-, con la cama en el salón, por temporada, en la zona de Barranquillo Andrés. En Caideros-Anfi del Mar, la casa más barata cuesta 1.000 euros al mes.

Las zonas críticas de la regulación del alquiler vacacional

Según Mogán, el anteproyecto de Ley anula de facto las competencias en planeamiento urbanístico de los ayuntamientos. Les impone reservar como mínimo el 90% de la edificabilidad en exclusiva para un uso residencial, con lo que el 10% restante habría que destinarlo a vacacional compatibilizando con otros usos. Esto supondría que Mogán tiene que deshacer el camino, porque ya tiene un 12% de vivienda vacacional. "Estamos de acuerdo en que hay que regular, pero tenemos que pactar qué orden y además, diferenciando isla por isla", explica Onalia Bueno.

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La también vicepresidenta de la asociación de municipios turísticos critica otros aspectos del anteproyecto, que exigirán enormes inversiones para los pequeños propietarios en un plazo de diez años. "Las dimensiones para un hotel de tres estrellas o para una casa de vivienda de turismo rural, para dos personas, deben tener un mínimo de 39 metros cuadrados. Sin embargo, el anteproyecto exige que para una sola persona, la vivienda vacacional tiene que tener lo mismo. Es decir, muchos inmuebles se irán fuera con este dato", lamenta Bueno. A todo eso, añade, los ayuntamientos tendrán una obligación de fiscalizar sin medios suficientes para hacerlo, convirtiéndose en auxiliares de los cabildos.