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'CASO NÓOS'

El juez Castro impone una fianza civil de 8,1 millones de euros para Urdangarin y Torres

El juez acusa a Urdangarin de "fabricar" los contratos del Instituto Nóos

EFE / Foto de archivo de Diego Torres e Iñaki Urdangarin

El juez que investiga las millonarias subvenciones públicas percibidas por el Instituto Nóos de los gobiernos de Baleares y Valencia ha asumido las tesis de la Fiscalía Anticorrupción. José Castro ha dado un plazo de cinco días a Iñaki Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros. El juez sostiene que Baleares y Valencia no tenían necesidad de suscribir esos contratos con esta entidad sin ánimo de lucro y que se adjudicaron "en tiempo record" porque ambos imputados "fabricaron" la necesidad de contratarles.

El juez de Palma, José Castro, ha impuesto una fianza de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, por la posible responsabilidad civil que se pueda derivar de las millonarias subvenciones concedidas al Instituto Nóos por parte de los gobiernos de Baleares y Valencia. Es una fianza solidaria que deberán abonar entre ambos imputados y en un plazo de cinco días. De no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

Castro sostiene en su auto que los contratos de esta entidad sin ánimo de lucro con distintas administraciones públicas "no respondi?an a necesidades sentidas por aque?llas por mucho que alguien quiera empen?arse en lo contrario". Añade que "en el horizonte real, factible y pro?ximo de las diferentes Instituciones Pu?blicas contratantes nunca estuvieron los proyectos que el mismo di?a o tan so?lo di?as despue?s de su ofrecimiento y en un tiempo record ya les fueron adjudicados". La necesidad "no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le haci?an In?aki Urdangari?n y Diego Torres, de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido"

Informes inexistentes

El juez cita algunos ejemplos para justificar estas afirmaciones y se pregunta "cómo si no puede entenderse que el vicepresidente de la Generalitat Valenciana se trasladara desde Valencia a Barcelona a las oficinas de la Asociación Instituto Nóos para mantener una entrevista al objeto de que colaborase con la Generalitat bajo cualquier modalidad y con cualquier objetivo".

El auto destaca que siempre se trataba de "acuerdos verbales que quedaban extramuros de cualquier normativa", lo que es "más grave aún en atención a su elevado importe". Posteriormente, se les daba apariencia de legalidad con "reuniones inexistentes, informes inexistentes o adornados con una imperdonable vaguedad". Con estos mimbres, concluye subrayando que el Duque de Palma y Torres han tenido "intervención activa en los hechos supuestamente delictivos, los consumaron hasta las últimas consecuencias derivando los fondos ilícitamente obtenidos hacia sociedades de su entorno y de ahí arranca que sean merecedores de la fianza interesada.

Lucrarse a costa de su parentesco con la Casa Real

El juez José Castro desgrana en su auto la relación de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Han sido profesor y alumno, amigos y socios, hasta que el escándalo del Instituto Nóos les separó. Castro sostiene que ambos arrancan su actividad lucrativa "puestos de común acuerdo al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas y públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real". De hecho, subraya que "el Instituto Nóos, por su propio actuar, estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro".

En el auto, el juez afirma que por el momento se desconocen qué actividades no lucrativas ha podido llevar a cabo el Instituto Nóos para cumplir sus fines estatutarios, ya que asegura, cualquier plasmación práctica siempre ha venido presidida por el ánimo de lucro. Nada impide, dice el juez, a sociedades mercantiles facturar a una asociación sin ánimo de lucro. La sospecha surge, según destaca el magistrado, cuando quienes supuestamente libraban las facturas y quienes supuestamente tienen que abonarlas, son los mismos y hay serias dudas sobre la realidad de los servicios facturados.