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Eutanasia

Unidos Podemos lleva al Congreso la legalización de la eutanasia

Una proposición de ley reclama despenalizar su práctica y garantizar el acceso libre y gratuito a los enfermos terminales o con dolores físicos o psíquicos intolerables que así lo soliciten

Muchos colectivos abogan por despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido / GETTY

Madrid

El debate sobre la eutanasia volverá al Congreso esta legislatura de la mano de Unidos Podemos que este miércoles ha registrado una proposición de ley para exigir su legalización, modificando el Código Penal para eliminar las sanciones legales al personal médico que realice esta práctica previa solicitud del paciente.

La iniciativa, en palabras de la diputada de IU, Eva García Sempere, pretende llenar un hueco en España para ayudar “a morir bien”, dando un paso más tal y como han regulado ya desde hace tiempo numerosos países. El texto prevé que puedan solicitar la eutanasia aquellas personas mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan “una enfermedad terminal sin esperanza así como dolores físicos o psíquicos intolerables”.

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La proposición de ley prevé que sean los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud. La demanda de eutanasia debería hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas. La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento.

El texto, que reclama que la eutanasia quede incorporada en la cartera básica sanitaria para garantizar su acceso gratuito y en igualdad de condiciones en todo el estado, prevé el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos que no quieran practicarla, pero obliga a que los servicios sanitarios públicos proporcionen otro equipo médico para garantizar el derecho del paciente a solicitar esta medida, siempre que su evaluación haya sido positiva.

La iniciativa deja claro que el demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento y que, a todos los efectos legales y burocráticos, el fallecimiento producido en aplicación de esta medida, tendrá la consideración de “muerte por causas naturales”.

La diputada de En Comú Podem, Marta Sibina, ha recordado que ya hay en España comunidades como Andalucía que han desarrollado leyes específicas en esta materia y que hay países como Bélgica, Estados Unidos o Canadá que la han regulado desde hace tiempo. Para la parlamentaria de En Marea, Ángela Rodríguez, la iniciativa “recoge los valores constitucionales de libertad y dignidad en una cuestión, la de la muerte digna, que debe ser una cuestión de Estado”.

 
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