El camino inverso: de la donación a fundaciones a la caja de los partidos

Madrid

Las fundaciones de los partidos políticos solo pueden destinar el dinero que reciben de donaciones privadas a financiar conferencias, encargar estudios y cuestiones similares. Pero los tribunales de justicia tienen puesta la lupa sobre algunos comportamientos que apuntan a que desde las fundaciones se han financiado actos electorales de partidos políticos o gastos directos de formaciones.

El primer caso que destapó la sospecha sobre las fundaciones estalló cuando el juez Antonio Pedreira, ya fallecido, investigaba a la trama Gürtel. Entre los papeles intervenidos a las empresas de Francisco Correa se encontró documentación que sugería una práctica ilegal del Partido Popular de Madrid a través de su fundación Fundescam. Según los documentos que guardaba Correa, durante los años 2003 y 2004, las empresas de la red Gürtel montaron actos electorales del PP que facturaron como conferencias y otros actos de la fundación Fundescam.

Esta fundación se nutría de fondos privados, muchos procedentes de empresas que recibían contratos millonarios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre. Cuando el juez Pedreira y la Fiscalía Anticorrupción tiraron de ese hilo, en 2010, comprobaron que los supuestos delitos de aquellas prácticas irregulares de Fundescam, estaban prescritos. Esa supuesta financiación ilegal del PP a través de su fundación en Madrid quedó sin castigo porque el delito había prescrito.

Otro tribunal abrió una causa en Barcelona como consecuencia del pillaje detectado en el Palau, donde las donaciones de constructoras para la institución cultural acababan en manos de fundaciones vinculadas a Convergència Democrática de Catalunya. Esta sospecha se convirtió en evidencia no solo por las pruebas recabadas durante la investigación judicial , sino por los testimonios en el juicio oral de quienes fueron los máximos responsables del Palau. En paralelo a este sistema de financiación ilegal, los jueces también destaparon otras prácticas supuestamente corruptas por parte de Convergència. Durante los últimos años, el tesorero de Convergència se reunió con empresarios privados que recibían contratos públicos de administraciones catalanes donde gobernaban los convergentes. Tras esas reuniones, esas empresas privadas donaban cantidades importantes de dinero a dos fundaciones de Convergència, CatDem y Foro Barcelona, por un monto equivalente al 3% de las cantidades adjudicadas en contratos públicos.

Parte del dinero que recibían las fundaciones de Convergència de contratistas públicos de administraciones catalanas terminaba en la caja del partido para sus gastos ordinarios, como viene reflejando el Tribunal de Cuentas en sus últimos informes. En uno de 2012, los auditores públicos lo explican así: "Figuran registrados por diversos servicios prestados por el partido a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así como a las fundaciones CatDem y Fundación Fórum Barcelona un importe de 1,7 millones de euros. Todos estos ingresos están justificados con notas internas emitidas por el partido, justificación que se considera insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados y poder evaluar si el ingreso percibido se corresponde con costes incurridos, tal y como se señala en informes anteriores.

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A este respecto, hay que señalar que se están llevando a cabo diligencias previas en el juzgado número 30 de Barcelona en relación con un procedimiento judicial dirigido a dilucidar una supuesta financiación ilegal de Convergència y en el caso de que se confirmase que los ingresos no se corresponden a los servicios realmente prestados, dichas transferencias de fondos supondrían el incumplimiento del límite previsto en la Ley Orgánica 8/2007 para donaciones privadas".