Justicia a golpe de maza

Madrid

El cambio de Fiscal General ordenado por Rafael Catalá para designar a José Manuel Maza, puso a cero el marcador de las sospechas sobre la imparcialidad y control al Ministerio Fiscal.

Maza ha tenido siempre una respuesta técnica para justificar sus decisiones, por ejemplo, cuando nombró a Manuel Moix como Fscal Jefe Anticorrupción “para dar un nuevo impulso” a las investigaciones o cuando cambió al responsable Fiscalía de la Audiencia Nacional por Jesus Alonso para “poner orden en una fiscalía indómita”.

Los cambios se produjeron en un momento en el que se multiplicaban las quejas en la carrera sobre las “presiones e intimidaciones” que sufren algunos fiscales dedicados a perseguir la delincuencia económica. Como el fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal que denunció intimidaciones e intentos de injerencia política y desvelo públicamente la des protección en la que quedan, por tanto, muchos fiscales. Fue relevado en plena investigación contra el presidente Pedro Antonio Sánchez aunque finalmente, el juez instructor de esta causa, Eloy Velasco, decidió, contra el criterio de Maza, poner el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que provocó la renuncia de Sánchez.

La época de Maza ya ha empezado y ha levantado las primeras ampollas de incertidumbre sobre la independencia de los fiscales, pero sus nuevos delegados han seguido su senda y ahora Moix ha adoptado tres decisiones que aumentan las sospechas del “férreo control” que se quiere ejercer sobre los casos y en el colectivo fiscal, según denuncian, algunos de sus miembros.

Caso Lezo

Las primeras actuaciones de Manuel Moix han estado marcadas por la polémica. En la operación Lezo, Moix ordenó por escrito a los fiscales instructores, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, que no solicitaran una serie de registros pero los fiscales invocaron el artículo 27 de su estatuto orgánico y forzaron la celebración de una junta de fiscales anticorrupción que se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. Moix acabó rectificando aunque no estaba obligado a ello, y acató la postura de la mayoría.

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Un desplante sin precedentes porque era la primera vez en 10 años que se planteaba el artículo 27 del Estatuto fiscal ya que durante el mandado de Antonio Salinas nunca se presentó.

Organización criminal

Además, Moix ha dado una nueva orden y ha impuesto a los fiscales del caso, que no acusen del delito de organización criminal a los detenidos por la operación Lezo, a la hora de formular sus peticiones de prisión

Fuentes jurídicas consideran “absurda” la imposición, porque se trata de una “docena de personas que desde hace años”, supuestamente, se han “concertado para delinquir bajo la figura de su líder”, Ignacio González. Y eso, para las mismas fuentes, “solo tiene un nombre, organización criminal”.

Caso 3%

El responsable de Anticorrupción ha relevado, a los fiscales que investigan el caso de las comisiones del 3% que supuestamente cobró CDC de empresarios y que actualmente lleva un juez de El Vendrell (Tarragona).

El relevo se produce por cuestiones organizativas para que los fiscales adscritos a Anticorrupción en Cataluña asuman los casos de su territorio y no va a afectar al fondo de las investigaciones ni al sentido de la acusación de la fiscalía, dicen desde la Institución, sin embargo, fuentes próximas a los fiscales cesados apuntan que han sido discrepancias de fondo sobre su intención de reiterar la imputación del exconsejero de Justicia de la Generalitat y diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó.

Manuel Moix expuso sus reparos y los fiscales le anunciaron que cualquier impedimento les impulsaría a invocar el artículo 27 de su estatuto que les protege frente a las órdenes arbitrarias de sus jefes. Pero antes de que esto pasara, Moix los ha apartado del caso.

Comparecencias en el Congreso

Los últimos pasos dados por la Fiscalía han provocado indignación y sorpresa en el colectivo porque la credibilidad de la Fiscalía General del Estado se ha evaporado por completo. Ahora el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, deberán comparecer en el Parlamento para dar las explicaciones precisas a la oposición que ha solicitado su comparecencia.

Casos a la espera

Las decisiones que deberá adoptar Manuel Moix en los casos abiertos van a ser muy observadas después de estos precedentes. Moix tendrá que decidir si impulsa la pieza secreta del caso Púnica en la que se rastrean las finanzas de los populares madrileños en la época de Esperanza Aguirre,

Deberá fijar qué responsabilidades penales solicita por la fusión y salida a Bolsa de Bankia y decidirá si mantiene o rebaja las penas contra los principales acusados en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel.

Historial conocido

Manuel Moix fue quien acudió la Agencia Tributaria para que pidiera el registro de la vivienda y los despachos de Rodrigo Rato, en el marco de la causa en la que se investiga su patrimonio, cuando Anticorrupción no veía motivos suficientes. Sin la querella que él presentó, los agentes de Cristóbal Montoro no hubieran podido detener a Rato y hacer famosa la fotografía de su entrada en el coche policial.

Moix fue el jefe de la Fiscalía de Madrid que destacó por su “trato amable” con el PP. Fue la fiscalía de Moix quien intentó archivar el caso de los espías de Madrid. Fue Moix el que evitó que Rodrigo Rato durmiese en el calabozo.

Fue Moix quien impulsó la acusación contra el juez Elpidio Silva por encarcelar a Miguel Blesa y quien rechazó acusar a Esperanza Aguirre cuando se fugó de los agentes de tráfico. También fue Moix el que advirtió a los medios de comunicación que publicaban los correos de Blesa de que “la mera difusión de esos correos podía tener encaje penal”, en vez de perseguir los delitos que estábamos dando a conocer con esos correos, como las tarjetas black.