Los fiscales conservadores piden el cese de Manuel Moix
La mayoritaria Asociación de Fiscales, que respaldó el nombramiento de Moix como fiscal jefe Anticorrupción, pide en un comunicado que ponga su cargo a disposición del Fiscal General del Estado porque la revelación de que posee una empresa en Panamá ha supuesto el "menoscabo de la imagen" de la carrera fiscal, y se ha visto "comprometida la imparcialidad" de la institución
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, contesta a las preguntas de los periodistas poco antes de la reunión que ha mantenido hoy en Palma de Mallorca con el fiscal jefe de Baleares, Bartolome Barcelo / CATI CLADERA (EFE)
Madrid
La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, cuyo respaldo en el consejo fiscal fue clave para el nombramiento de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, le ha retirado su apoyo y se suma a los otros dos colectivos de la carrera fiscal, que reclaman su cese en el máximo cargo dedicado a la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
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En un comunicado, la Asociación de Fiscales advierte que "las últimas informaciones" que afectan a Moix, en referencia a la posesión de un 25% de una sociedad en Panamá que ocultaba la propiedad de un chalé valorado en 550.000 euros, desvelada por Infolibre, "suponen un menoscabo para la imagen" de la carrera Fiscal. Por estas razones, el colectivo entiende "comprometida en este momento la imagen de imparcialidad" de la institución, y considera que el actual fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix "debe poner su cargo a disposición" del Fiscal General del Estado.
La Asociación de Fiscales también incluye entre los motivos para reclamar el cese de Moix la "serie de discrepancias en algunas decisiones acordadas" por el jefe Anticorrupción. Sin citarlas, se refieren a los intentos de apartar a los fiscales del caso Lezo, impedir uno de los registros, o la imposición de no acusar por organización criminal a los sospechosos, además de retirar a los fiscales que llevaban el caso del 3% en Cataluña.La asociación no cuestiona "en ningún momento" la legalidad de la actuación de Manuel Moix con su empresa en Panamá, pero considera que el daño ocasionado a la imagen de la institución hace necesaria la adopción de esta medida.
