El juez Llarena mantiene en prisión a Junqueras, los Jordis y Forn e impone una fianza de 100.000 euros al resto
El juez Llarena entiende que el exvicepresidente de la Generalitat, los líderes de ANC y Òmnium Cultural y el exconseller de Interior deben permanecer en prisión al hacerles responsables de los choques violentos en las semanas previas al 1-O
El magistrado del Supremo explica que el riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, 'los Jordis' y Forn "va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran"
Les escultures amb les cares dels consellers destituïts Dolors Bassa, Oriol Junqueras i Meritxell Borràs / Gemma Tubert (ACN)
Madrid
Oriol Junqueras empezará la campaña electoral entre rejas. El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido mantenerle en prisión provisional junto con el exconseller de interior, Joaquim Forn, a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Al resto de exconsellers les impone una fianza de 100.000 euros para salir de prisión: "El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión", advierte el juez, asegurando que no deja a todos en libertad "por más que todos ellos expresen su voluntad de conducirse de futuro por el cauce legal".
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El juez explica en su auto, con respecto al exvicepresident y los otros tres a los que mantiene en prisión, que “sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”, destacando entre estos hechos violentos los altercados del 20 de septiembre en la Consellería de Economía en Barcelona. En ellos existe un riesgo de reiteración delictiva que "refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad" y "va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran".
En cuanto al resto de imputados, el juez abre la puerta a que salgan de prisión si pagan una fianza de 100.000 euros: son Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Cuando paguen la fianza y queden en libertad, tendrán que comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio y tendrán también prohibido abandonar el país, retirándoseles el pasaporte. En su caso, el magistrado entiende que no hay un riesgo real de fuga, tal y como sucedió, explica, en el caso de Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament, equiparando su papel y poniendo encima de la mesa su "profundo arraigo personal, laboral y social" así como que siempre han comparecido cuando han sido llamados.
<p>El Ministerio Público había pedido al juez Llarena que mantuviese a los diez imputados en prisión.</p>
Además, destaca que ellos se han quedado en España, no como Carles Puigdemont y el resto del Govern destituido: "Libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados", dice el juez. También destaca que concurran a las elecciones del 21-D. La Fiscalía ha anunciado que no recurrirá y que por tanto se conforma con mantener a cuatro de los imputado en prisión.
Críticas a Forn y los Mossos
El juez explica que, aunque todos los imputados contribuyeron a la vía independentista que desembocó en la declaración unilateral del 27 de octubre, no todos tuvieron la misma importancia. En el caso de los cuatro a los que mantiene en prisión, destaca por ejemplo que forman parte del 'Comité Estratégico' del procés,y acusa también a 'los Jordis' de haber estado "modulando los actos de violencia que se desplegaron y facilitando finalmente la salida de la comisión judicial gracias a un pleno dominio de lo acontecido" el 20 de septiembre.
En cuanto al exconseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, destaca que los Mossos d'Esquadra que estaban bajo su mando "propiciaron" esos actos violentos "porque las fuerzas encargadas del orden público favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponerles término".
Un furgón policial entra marcha atrás en el Tribunal Supremo / Chema Moya
El juez desliza también que no termina de creerse las promesas de no volver a delinquir de los imputados: "Dar credibilidad a los investigados que afirman que no volverán actuar ilegalmente, supone asumir un confiado pronóstico que sólo se justifica por la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano", explica, y les enseña el camino hacia la libertad: no basta con renunciar verbalmente a su estrategia de actuación, es necesario "constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".
Es la decisión que ha tomado el juez Llarena, recurrible ante la sala de lo penal del alto tribunal, después de escuchar el pasado viernes las explicaciones de los diez imputados: la Fiscalía había pedido mantener a todos entre rejas por entender que el riesgo de fuga y reiteración delicitiva, así como el de destrucción de pruebas, persistían. No apreció el Ministerio Público "ni un atistbo de sometimiento a la Constitución" en sus alegatos.
