Los horizontes judiciales de Jordi Turull: procesamiento, prisión e inhabilitación

Madrid

Esta tarde el Parlament de Catalunya se reúne de urgencia para intentar sacar adelante la candidatura de Jordi Turull (JxCat) como nuevo President. Una posible investidura que coincide con la semana clave de la investigación judicial desarrollada en el Tribunal Supremo: un procesamiento firme por rebelión combinado con una entrada en prisión provisional terminaría con la inhabilitación política de Turull en menos de dos semanas.

Auto de procesamiento

El primer paso se conocerá mañana a las diez y media de la mañana: el juez Pablo Llarena ha citado a la representación legal de los 28 imputados en la causa para notificarles el auto de procesamiento. Su contenido se desconoce, pero despejará la primera incógnita del futuro procesal del exportavoz del Govern de Carles Puigdemont: si es procesado y, por tanto, enviado a juicio, y si además es acusado ya de forma definitiva de un delito de rebelión.

En lo que afecta al proceso judicial, este movimiento del magistrado tan sólo anuncia que ya cuenta con indicios suficientes para juzgar a los imputados, dando paso a todos los trámites previos a la celebración del juicio, entre ellos que la Fiscalía presente su escrito de acusación.

Posible encarcelación

Jordi Turull es uno de los seis imputados que mañana tendrá que venir personalmente al Tribunal Supremo, no para recoger el auto de procesamiento sino para saber si vuelve a la cárcel: el magistrado instructor Pablo Llarena ha anunciado que celebrará las comparecencias previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para escuchar a las partes, a los imputados y decidir si les impone algún tipo de medida cautelar.

El juez ha decidido celebrar estas vistas sin que lo solicite ninguna de las partes, y sólo podrá decretar el ingreso en prisión de Jordi Turull si así lo pide al menos una de las partes: este jueves los cuatro fiscales del caso se reúnen con el Fiscal General del Estado para trazar su línea de actuación de cara a estas comparecencias, después del viraje que supuso pedir que Joaquim Forn quedase en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La única acusación popular del caso, ejercida por el partido ultraderechista VOX, por ahora sopesa pedir que Turull y los otros cinco imputados ingresen en prisión.

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Los criterios para meter a Turull en la cárcel están tasados: el riesgo de fuga, el de reiteración delictiva y el de destrucción de pruebas. En su auto del cuatro de diciembre el magistrado daba por conjurado el riesgo de fuga poniendo encima de la mesa su "profundo arraigo personal, laboral y social en Cataluña" así como "su disposición por atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora" y también que "libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados", en referencia a Puigdemont y el resto de fugados. Fuentes jurídicas aportan ahora un nuevo elemento a tener en cuenta: si mañana es procesado, la alta pena de cárcel a la que se expone entraría en la terna. El hecho de que el imputado aspire a ser President también puede ser tenido en cuenta por el juez.

¿Inhabilitado?

La combinación de los dos movimientos anteriores podría desembocar en la inhabilitación política de Jordi Turull: si es procesado en firme por rebelión y enviado a prisión provisional, será inhabilitado para ejercer en política, al menos mientras permanezca entre rejas. Lo será en virtud del artículo 384b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice textualmente que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

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¿Significa esto que, si mañana es procesado y enviado a prisión, será automáticamente inhabilitado? No, la suspensión sólo podrá ponerse en marcha cuando la sala de apelaciones del Tribunal Supremo confirme el auto de procesamiento, lo que podría prolongarse hasta un par de semanas teniendo en cuenta que tendrían que dar traslado a las partes para su informe.

Un mes en Estremera

Jordi Turull abandonó el 4 de diciembre la cárcel de Estremera tras pagar una fianza de 100.000 euros y después de haber pasado un mes entre rejas por orden de la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. En el auto de cuatro de diciembre en el que el juez Pablo Llarena le abría la puerta de la libertad ya lanzaba entonces una advertencia: el magistrado dejó escrita "la certeza de que si volviera al delito" la solución sería "modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad" y volver a meterle en prisión.

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La jueza Lamela decidió enviarle a prisión junto con Oriol Junqueras y el resto del Govern de Carles Puigdemont involucrándole en el núcleo duro de la acusación por rebelión, reconociendo eso sí que tanto Jordi Turull como Joaquim Forn "accedieron a sus respectivas consellerías el 14 de julio de 2017", más tarde que el resto, pero añadiendo que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista se llevaron a cabo desde entonces hasta el 27 de octubre", día de la Declaración Unilateral de Independencia.