Mensaje del Supremo a Europa: el procés independentista ataca "los valores" de la UE

Madrid

A falta de un canal de comunicación oficial y efectivo para transmitir su malestar a los distintos países europeos que dilatan o niegan la entrega de imputados por el procés, los jueces del Tribunal Supremo siguen deslizando sus mensajes en autos y escritos. El último, varios dardos ocultos en el auto emitido este jueves para negar la libertad a Jordi Turull y otros imputados: advierte de que el procés independentista puede terminar afectando "a la propia estructura política y los valores" de la Unión Europea.

Los magistrados del Supremo creen que los resultados negativos que están teniendo, por el momento, los procesos de extradición iniciados en Alemania y Bélgica pueden producir un efecto llamada entre el resto de imputados, aumentando así el riesgo de que sientan la tentación de fugarse. "Aunque se mantenga la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea", dicen los jueces en su auto de hoy, "son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión". 

Puigdemont, Comín, Ponsatí, Serret y Puig siguen fugados en países de la Unión Europea, critica el Supremo, "a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión".

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En estas circunstancias, dicen, el efecto llamada existe y no se plantean dejar a los imputados en libertad. "La posibilidad de que consideren una opción atendible la huida de la acción de la Justicia española se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso", afirman para mantener en prisión sin fianza a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell. 

Problemas en Alemania y Bélgica

Las críticas veladas - y no tan veladas - de Llarena y de la sala de apelaciones vuelan hacia Alemania y también hacia Bélgica, donde las perspectivas de obtener la entrega de los fugados son cada vez peores. En el caso de Bélgica, ayer fuentes de la sala de lo penal del Supremo acusaban a sus homólogos belgas de no conocer bien el funcionamiento de la Justicia española e incluso ponían en tela de juicio el compromiso de ese país con la cooperación internacional. 

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Unas críticas que no fueron menos suaves cuando llegaron firmadas por la sala de apelaciones a mediados de abril, cuando calificaron de "carente de rigor" la decisión de no entregar a Carles Puigdemont acusado de un delito de rebelión. "Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania no parece muy factible que todo se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica", dijeron entonces. 

El "error" de la orden

Todas las partes tienen claro que ha habido un error en la tramitación de las euroordenes en Bélgica, pero cada parte se lo atribuye a la contraria: el propio juez Llarena se ha pronunciado esta mañana, intentando tapar de forma preventiva una posible fuga en Alemania acusando a las autoridades belgas de cometer "un error" y la Fiscalía también, aunque instando a Llarena a acomodar las peticiones de entrega a las exigencias de Bélgica. 

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Por el momento, el balance internacional de la causa es muy negativo para Llarena y su macrocausa: con 28 imputados, 25 de ellos procesados, 9 encarcelados y 7 fugados, el instructor todavía no tiene asegurada la entrega de ninguno de los huidos y ya ha partido la causa en dos para, al menos, poder celebrar lo antes posible el juicio contra los 18 procesados que están en libertad con cautelares o en prisión sin fianza. 

Una "situación excepcional"

Los magistrados también suben el tono para contestar al recurso presentado por el candidato fallido a president, Jordi Turull, en el que su defensa planteaba que su caso podía ser el primero en la historia reciente de Europa, encarcelado en pleno proceso de investidura. Los jueces afirman que coinciden con su razonamiento, pero "desde una perspectiva distinta". 

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"Efectivamente, no existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros del gobierno de una comunidad autónoma se hayan alzado contra la Constitución ante la preocupación, sorpresa y desasosiego de, al menos, más de la mitad de la población", añaden.