El juez suspende políticamente a Puigdemont y a los diputados encarcelados

El magistrado concluye el sumario y comunica que seis parlamentarios están suspendidos de sus funciones políticas tras ser procesados por rebelión en firme: Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sànchez

Junqueras y Puigdemont en el Parlament en una imagen de archivo / ()

El juez Pablo Llarena acaba de hacer efectiva la suspensión política cautelar de seis diputados del bloque soberanista del Parlament de Catalunya procesados por rebelión, tanto los cinco que se encuentran en prisión provisional como también uno que está huido de la Justicia en el extranjero: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez. El magistrado hace efectiva la medida tras concluir el sumario contra los imputados que están en España, encarcelados o en libertad, y dejar fuera a Toni Comín, que todavía puede recurrir su procesamiento.

El movimiento de Llarena llega después de que la sala de apelaciones haya confirmado el procesamiento de todos por un delito de rebelión. El magistrado entiende, por tanto, que los siete cumplen ya los dos requisitos que exige el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para ser suspendidos cautelarmente: estar procesados en firme por rebelión y estar en prisión provisional. El juez toma la decisión explicando que la medida se pone en marcha "impidiendo que personas que ofercern indicios de haber atacado de forma grave el orden de convivencia democrática puedan continuar en el desempeño de una función pública".

En el caso de Puigdemont y Comín, fugados en Alemania y Bélgica respectivamente, el magistrado entiende que es suficiente con que pese sobre ellos una orden de ingreso en prisión por parte de la Justicia española, aunque no se haya podido ejecutar, aunque todavía no suspende a Comín al entender que su procesamiento todavía no es firme y no puede recurrir. Al mismo tiempo la decisión de concluir el sumario deja a todos los procesados que no se han fugado a las puertas de juicio.

En la práctica, esto implica que ninguno de los siete podrá seguir desarrollando la única actividad política que, presos desde Estremera y Soto del Real y fugados por Europa, llevaban a cabo hasta la fecha: delegar su voto. A partir de este momento los siete dejan de contar como miembros de los dos grupos parlamentarios de JxCat y ERC, lo que deja en minoría al bloque soberanista frente a la suma de diputados de Ciudadanos, PSC, Catlunya En Comú y Partido Popular, incluso sumando los cuatro escaños de la CUP, a la espera de que sean sustituidos.

El magistrado explica que el Parlament puede decidir sustituirles temporalmente para que el bloque soberanista no pierda la mayoría: "No existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que correspondan a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas", dejando esa decisión en manos de la cámara catalana.

Sin informe de Hacienda

En otro auto emitido por Llarena, el magistrado decide retirar la petición de información que hizo al Ministerio de Hacienda, entonces con Cristóbal Montoro al frente, para que explicase su negativa a reconocer un posible uso de dinero público por parte de la Generalitat en el procés. Este informe "no es fuente de prueba que condicione el contenido y resultado de la instrucción", explica.

El juez también ha emitido otra resolución en la que da por buena la fianza pagada por la Asamblea Nacional Catalana para cubrir las posibles responsabilidades civiles de los procesados de cara al juicio: 2,1 millones de euros, explicando que hay un desfase de 0,54 euros "inapreciable a efectos de la presente resolución".

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Cadena SER

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