Un pacto político con un gasto social de 5.000 millones

Madrid

El acuerdo se ha cerrado a primera hora de la mañana, en Moncloa, en una reunión madrugadora entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al que el Gobierno ha querido conceder un evidente protagonismo en la venta del pacto. Como todo presupuesto es un compendio de gastos e ingresos. Las medidas acordadas entre el Gobierno y Podemos en diferentes materias, con un marcado acento social, supondrían un aumento del gasto de unos 5.000 millones de euros, de los que 2.000 se incluirán en los próximos presupuestos generales.

En esta semana Unidos Podemos presionaba, sobre todo, para conseguir más dinero para las personas dependientes. Son 300.000 las que están sin ayudas y con el acuerdo se destinarán 515 millones para el año que viene. Habrá una equiparación progresiva de aquí a 2020 del permiso de paternidad y maternidad, de forma que el año que viene serán 8 semanas y no cinco como hasta ahora. Se revalorizan las pensiones con el IPC y habrá una paga adicional si se desvían mucho los precios. Se aumenta la inversión en vivienda pública en los próximos años, para 2019 se destinan más de 170 millones. 50 millones para las familias que no puedan comprar material escolar y subida del salario mínimo a 900 euros el año que viene, 164 euros más que este año.

Más gastos sociales sin decepcionar a Bruselas porque España cumplirá los ajustes que se le piden, defiende la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y otro asunto que preocupa a muchos ciudadanos. Sobre los altos precios de los alquileres. El gobierno acepta limitar las subidas abusivas y serán los ayuntamientos y comunidades autónomas los que puedan limitarlos en zonas que se consideren "tensionadas".

¿Y los ingresos?

El acuerdo presupuestario recoge subidas fiscales a las rentas más altas, a las personas más ricas, a las empresas... novedades que aumentarían los ingresos del estado en otros 5.000 millones. De este acuerdo se cae alguna de las prioridades marcadas en su día por Podemos, como el impuesto a la banca.

El gobierno lo fía a la reforma fiscal que ha anunciado para recaudar más de 5.600 millones con los que financiar los gastos sociales. Para ello, rediseña tipos de IRPF para rentas muy altas. Sube dos puntos, hasta el 47%, el IRPF para las rentas de 130.000 euros anuales. No toca a la clase media ni personas con sueldos más bajos. A las grandes empresas les obliga a cotizar al menos el 15% en el impuesto de sociedades, se crea un impuesto del 3% por publicidad online a las tecnológicas como Facebook o Google, no hay impuesto a la banca pero se crea uno de transacciones financieras, más tributación a las grandes fortunas.

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En fin gravar más a los que más ganan, ha venido diciendo Unidos Podemos. Con este cuadro económico, la ministra ha pedido el apoyo a los grupos parlamentarios. Otra medida de impacto es que se gravará una parte de los beneficios que las empresas obtengan fuera de España, ahora estaban exentas.

Medidas fuera de presupuestos

Y en ese marco de acuerdo político y no solo presupuestario se encuadran otras de las medidas pactadas que necesitarán un futuro desarrollo legislativo para intervenir sobre la reforma laboral, la ley mordaza o el código penal. Es un giro a la izquierda. Pequeños cambios para revertir parte de la reforma laboral, como ampliar el tiempo que sigue vigente un convenio colectivo cuando ha caducado y evitar ahora la facilidad que hay en muchas compañías para cambiar continuamente de horarios y salarios a los trabajadores. Hay acuerdo también para rebajar la 'ley mordaza' al despenalizar las injurias a la Corona y a los sentimientos religiosos. También se cambiarán los artículos de la ley de seguridad ciudadana que desalentaban la protesta social.