Lesmes insta al Gobierno a cambiar la ley hipotecaria por su "falta de claridad"
El presidente del Tribunal Supremo defiende la sentencia del impuesto hipotecario: "Estas son las reglas del juego"
Carlos Lesmes insta al ejecutivo a cambiar la normativa hipotecaria
Madrid
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha salido este miércoles al paso de las críticas surgidas después de saber que el Impuesto hipotecario volverá a correr a cargo del cliente: considera que la decisión de sus jueces es legítima y que la confusión viene de la redacción poco clara de la normativa hipotecaria.
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Este martes se tomó una decisión "en derecho", ha dicho, asegurando que los 28 jueces del pleno actuaron "todos ellos con absoluta libertad e independencia de criterio" defendiendo que "estas son las reglas de juego en un estado de derecho y la postura de todos ellos es legítima", ha dicho sin responder a las peticiones de dimisión que llegan desde el mundo judicial y también desde el político.
Lesmes ha pasado la pelota al tejado del Gobierno, apuntando a una falta de claridad de la norma: la crisis "se ha producido sin duda como consecuencia de la falta de claridad de la Ley, yo creo que ahora las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad para clarificar de forma definitiva" quién debe pagar este impuesto.
"Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras y el legislador tiene siempre la última palabra", ha añadido. Es la segunda vez en que el presidente del Tribunal Supremo y Poder Judicial se pronuncia en público sobre este asunto después de que hace una semana pidiese perdón a la ciudadanía por la confusión generada tras la convocatoria de un pleno que no veía con buenos ojos.
Pleno tenso
La bomba procesal estallaba ayer poco antes de las ocho de la tarde: después de 16 horas de deliberaciones el pleno de la sala tercera optaba por volver a su doctrina anterior y establecer que el impuesto hipotecario corre a cargo del cliente y no del banco, contradiciendo la decisión de sus compañeros de la sección segunda de hace tan solo dos semanas.
La decisión fue tomada por dos votos de diferencia, con la intervención decisiva del presidente Luis María Díez-Picazo y esgrimiendo la Ley que regula el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de 1993 para pasar por encima de la reciente anulación del Reglamento que desarrolla la normativa.
