Fiscalía, educadores y expertas en infancia coinciden: faltan recursos y personal en los centros de menores
Madrid ha sido el último caso conocido de abusos, explotación sexual y adolescentes prostituidas, pero ha habido también situaciones muy graves similares en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias
Archivo - Puerta y cartel del Centro de Primera Acogida Hortaleza. / Oscar del Pozo - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Hay 17.000 menores en España viviendo en centros residenciales tutelados por las comunidades autónomas. Madrid ha sido el último caso conocido de abusos, explotación sexual y adolescentes prostituidas, pero ha habido también situaciones muy graves similares en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. Centros en los que los menores deberían están protegidos y ocurre lo contrario, están desamparados.
La Cadena SER ha consultado a la Fiscalía de Menores, a educadores y expertas en infancia y todos coinciden en el principal fallo: faltan recursos y falta personal. No hay financiación suficiente para el sistema de protección y esta protección de los menores no es una prioridad para las administraciones. Es imposible que cuatro educadores atiendan a 40 adolescentes y que haya la mínima empatía emocional entre ambos.
Gestión manifiestamente mejorable
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No todos los centros funcionan como debieran, su gestión es manifiestamente mejorable, según reconocen fuentes oficiales a la SER. En Madrid están además en manos de fundaciones o empresa privadas. En España el modelo del sistema es el de los macrocentros que impiden una atención individualizada para estos menores muy vulnerables que proceden de familias desestructuradas y que en ocasiones han sufrido malos tratos y abusos sexuales.
Las redes y mafias de la trata conocen esa vulnerabilidad, saben perfectamente dónde ir a buscar y captar a sus víctimas. Las expertas en infancia hablan de otra carencia: falta formación específica de los profesionales para saber identificar posibles abusos y explotación sexual. No hay en estas residencias una figura de referencia que inspire confianza a las adolescentes ni sus testimonios son escuchados. Además, las chicas no se sienten víctimas de las mafias.
La Fiscalía tampoco tiene recursos para hacer un seguimiento de los casos. Todos los consultados coinciden en que es una situación complicada. Son centros abiertos donde los menores pueden salir y entrar con libertad y el control es imposible.
Tampoco hay centros específicos para la atención a estas menores en situación de alto riesgo. España no sigue las recomendaciones de los organismos internacionales que creen que los centros residenciales deberían ser el último recurso para estos adolescentes.
Las administraciones no potencian la acogida familiar, una alternativa mucho más favorable para su bienestar emocional. La mitad de los 35.000 menores tutelados están institucionalizados.
Hay otra cuestión importante; a los 16 años acaban la escolarización obligatoria. Si no se les ofrecen oportunidades de estudiar, un programa para la orientación laboral, los menores están dos años, hasta los 18 que salen del centro, sin estudiar, sin trabajar, sin hacer nada.
El Gobierno se mueve
Tras el último caso de Madrid, el Gobierno ha reaccionado. Fuentes del Ministerio que dirige Irene Montero han señalado a la Cadena SER que Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales van a convocar una reunión, una conferencia sectorial conjunta con las comunidades autónomas para aprobar protocolos específicos de prevención y detección precoz de abusos y explotación sexual y para poner en marcha un plan de choque que evite estas situaciones gravísimas de desamparo en un lugar que tendría que ser seguro. Pero lo hacemos tarde. En 2018 el Comité de Derechos del Niño de la ONU ya advirtió a España de que tenía que tomar medidas contundentes e invertir más en la protección de los menores. Y no se ha hecho.
