El legado tóxico que envenena al gobierno de Cifuentes

Madrid

Cristina Cifuentes gobierna con una mayoría parlamentaria muy exigua. Junto a Ciudananos sólo tiene un diputado de margen frente a la suma de PSOE y Podemos. Pero además, la presidenta madrileña también está condicionada por la composición de su propio grupo parlamentario que surgió de la confección de las listas electorales de 2015. Una confección que fue controlada por Esperanza Aguirre, quien por aquel entonces todavía era presidenta del partido en Madrid. De hecho, la propia Cifuentes se quejó de eso cuando se hicieron las listas en 2015.

No obstante, Cifuentes terminó diciendo que, pese a todo, era una lista que ella apoyaba. El PP tiene 48 escaños y en ellos se sienta desde una diputada que se ausentó durante meses alegando acoso laboral del portavoz, que no fue tal según los jueces, hasta dos diputados sobre los que pesan actuaciones judiciales en los casos Gürtel y Púnica que están a punto de acabar en imputación. Como se pueden imaginar, con este panorama, cada diputado que falla en el PP provoca un sobresalto en el parlamento.

Y para terminar de enredar este escenario, otra diputada autonómica del grupo popular, hermana de Ignacio González, que además es portavoz adjunta del PP en la cámara, se ha visto involucrada en el escándalo que afecta a su familia y a su marido. Supuestamente intercedió para que su hermano Pablo fuera recibido por el secretario de Estado de Interior y su continuidad como diputada está en el aire. La propia Cifuentes confiaba ayer mismo en declaraciones a Telemadrid en que Isabel González no tenga que dimitir.

Si finalmente tuviera dejar su escaño antes del jueves y viernes de esta semana -que es cuando se tienen que votar los presupuestos de la Comunidad- no habría tiempo suficiente con la normativa en la mano para sustituirla, así que la oposición tumbaría las cuentas y pondría a Madrid al borde de unas elecciones anticipadas.

Estamos, pues, ante una tormenta perfecta para el Gobierno de Cifuentes, al que han estallado en medio de su mandato los escándalos de corrupción que sembraron sus antecesores con una impunidad a prueba de bombas.

El último ha llevado a la cárcel al otrora todopoderoso Ignacio González, a quien su principal valedora, Esperanza Aguirre, quiso hacer presidente de Cajamadrid en 2009 en un cambalache al que se prestaron PSOE, Izquierda Unida y sindicatos a cambio de puestos en el consejo de administración de la entidad. Como fracasó porque Rajoy impuso a Rodrigo Rato, Aguirre hizo a González presidente de la Comunidad de Madrid tras la primera de sus tres dimisiones. Era el 17 de septiembre de 2012.

Adujo entonces razones personales para abandonar el cargo. La segunda dimisión llegó el 14 de febrero de 2016. Su antiguo 'número tres' en el Gobierno y número dos en el partido, Francisco Granados, llevaba ya casi año y medio en prisión por la trama Púnica, pero los indicios de financiación ilegal de su formación la llevaron a dimitir otra vez.

Y la tercera y, hasta el momento, última dimisión de Aguirre se produjo tras el ingreso en prisión de Ignacio González. Con el consejero López Viejo, imputado en la Gürtel, y con Francisco Granados, imputado en la Púnica, Aguirre utilizó la misma estrategia. A pesar de ser personas muy cercanas a ella, mantuvo sin sonrojo que no eran gente de su confianza y que sólo se había equivocado en un par de nombramientos de los cientos que había hecho en su vida política.

Sin embargo, mantener el discurso de la distancia con Ignacio González era poner demasiado a prueba el sonrojo, así que, tras la detención de su vicepresidente recurrió al llanto, no sin antes decir que ella no había hecho nunca nada malo.

Cuando el juez Velasco decidió enviar a prisión sin fianza a Ignacio González, Aguirre no tuvo más remedio que dejar los últimos cargos que le quedaban: el de concejal en el ayuntamiento de Madrid y la portavocía del grupo popular en el consistorio. Ya sin lágrimas, habló de traición y engaño.

En los años en los que Ignacio González estuvo en la cúpula del Gobierno madrileño, ya fuera como vicepresidente o como presidente, se sucedieron los supuestos amaños que han dado con sus huesos en la cárcel.

A González, tan celoso de la seguridad de sus comunicaciones, le han cazado ahora en conversaciones especialmente groseras, donde habla de jueces y fiscales como si fueran instrumentos de quita y pon al servicio del poder para tapar sus vergüenzas. Y de policías a los que pretende usar para ocultar sus operaciones con el ático de Estepona. En 2011 se reunió en secreto con el comisario Villarejo en una cafetería para intentar evitar que saliera información sobre ese famoso ático. "El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero", decía González.

Al frente de la vicepresidencia del Gobierno, Ignacio González protagonizó algunas decisiones que vistas con perspectiva aclaran lo que pretendía ocultar. Ordenó facilitar a los consejeros del Gobierno unos teléfonos prepago para sus comunicaciones que debían cambiar cada 15 días, como hacían los narcotraficantes en la serie The Wire. Temía ser espiado y de hecho lo fue en aquel famoso viaje a Colombia en 2008 nunca suficientemente aclarado.

Su obsesión le llevó a querellarse, sin éxito, contra los periodistas de la Cadena SER que hicieron público el vídeo de su espionaje en Colombia. Creyó en un primer momento, con el sumario del caso en su mano, que había sido la constructora OHL la que pagó su espionaje en Colombia porque esa empresa tenía facturas abonadas en aquellos días a la firma de detectives. Y como mantenía una disputa a cuenta del contrato del tren a Navalcarnero, entendió que esa empresa quiso buscarle trapos sucios para vengarse. Resultó que OHL había contratado efectivamente a la empresa de detectives, pero para espiar a Ramón Calderón, que entonces competía con el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por la presidencia del Real Madrid. Ahora el juez investiga si Ignacio González fue quien cobró una mordida de un 1,4 millones de euros por parte de OHL a cambio de la adjudicación del tren a Navalcarnero.

Su obsesión por la seguridad llegó a tal punto que el expresidente madrileño también intentó crear una especie de CNI autonómico, un servicio de espionaje regional. Para ello llegó a contactar con Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta. Aquellas gestiones no llegaron a buen puerto. Muchos años después, en el sumario que ha llevado a Ignacio González a la cárcel hay registradas conversaciones delicadas con Luis Vicente Moro.

Mientras tanto, tres guardias civiles fichados a dedo hacían seguimientos con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid a supuestos adversarios políticos de Aguirre dentro del partido. Esos guardias civiles se sentarán ahora en el banquillo procesados por malversación de fondos públicos. Dos de esos guardias civiles han declarado a la cadena SER que les ordenaron los seguimientos por “especial interés” de Ignacio González. José Oreja es uno de los agentes imputados.

Entre los objetivos que les señalaron llegó a estar Cristina Cifuentes, ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. González siempre ha negado los hechos pero el juicio se va a celebrar.

Desde el punto de vista político, tanto el mandato de Ignacio González como el de Aguirre estuvieron marcados por el afán privatizador que sólo se detuvo ante las protestas sociales y las decisiones judiciales. Primero, intentaron sacar a bolsa el 49% del Canal de Isabel II, la joya de la corona de la Comunidad de Madrid que lograba cada año beneficios multimillonarios. Sólo cejaron en su empeño porque, en plena crisis económica, no se daban las condiciones de mercado necesarias, según contaron.

Luego se embarcaron en la privatización de seis hospitales que las mareas verdes y los tribunales consiguieron bloquear. Cifuentes llegó a la Comunidad de Madrid con la promesa de mantener los hospitales en manos públicas y no privatizar el 49% del Canal de Isabel II.

En enero de 2016, la Asamblea de Madrid creó una comisión para investigar la gestión del Canal de Isabel II. Cifuentes comenzó a sospechar entonces de negocios sucios en la compañía. Cuando los medios de comunicación airean cuentas en paraísos fiscales de uno de sus directivos, la presidenta le destituye, nombra nuevo gerente del Canal en mayo de 2016 y dos meses después, éste remite a la Fiscalía General del Estado una denuncia por las múltiples irregularidades descubiertas en la compra de una empresa brasileña de aguas por 21 millones de euros.

De aquella denuncia, investigada por fiscales y jueces, nace uno de los asuntos que ha llevado a la cárcel a Ignacio González y al exdirectivo Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del periódico La Razón con cuentas en paraísos fiscales.

El expresidente González y su entorno más próximo implicado en estas corruptelas han calificado a Cifuentes y a su jefa de gabinete, Marisa González, de "zorras y putas" por no impedir la investigación de los negocios del Canal de Isabel II. De hecho, el presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, llegaron a ser imputados por esto. El propio Marhuenda reconoció los insultos tras declarar ante el juez aunque negó las presiones a Cifuentes para parar la investigación. Al final, el juez Velasco levantó la imputación a Casals y Marhuenda.

Cifuentes lleva 22 meses de presidenta acorralada por la corrupción de sus antecesores en el cargo. Su investidura coincidió con la imputación por el caso Púnica de los consejeros de Presidencia y Educación, Salvador Victoria y Lucía Figar, durante el Gobierno de Aguirre y González. Tuvieron que dimitir para que Cifuentes pudiera ser elegida.

Después llegó la dimisión de otro diputado, Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, por el supuesto cobro de mordidas de una empresa contratista imputada en el caso Púnica. Y ahora están pendientes otras dos imputaciones inminentes a diputados autonómicos del PP, Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá; y Josefa Aguado, exconcejal de Arganda.

La presidenta tiene por delante la digestión de nuevos escándalos en una legislatura endiablada en la que cada vez que trata de enterrar el pasado, el pasado se levanta como un zombie. 

La duda es si Cifuentes tendrá tiempo de cambiar esas "algunas cosas" o se verá obligada a convocar elecciones anticipadas que es una opción nada descartable ante la persistencia del hedor de la corrupción y la exigua mayoría parlamentaria que tiene.