El Gobierno renuncia a aprobar la ley Sinde

El Gobierno socialista ha renunciado a aprobar el reglamento de su propia ley contra las descargas ilegales en Internet. Fuentes gubernamentales han confirmado que el real decreto que desarrolla la ley Sinde no se aprobará tampoco en el último consejo de ministros del día 16.

El ministro portavoz José Blanco ha señalado que el asunto "se ha quedado encima de la mesa" porque no se ha aprobado este viernes, pero no ha dado explicaciones sobre las razones que han impedido adoptar la decisión. El propio ministro portavoz tampoco ha querido comentar su postura personal sobre la ley aunque algunos medios le sitúan como abiertamente contrario a la misma.

De esta manera, será el gobierno del PP el que decida si aprueba o no este reglamento para que se pueda aplicar la ley o si optará por una nueva normativa que aborde la piratería audiovisual en internet.

La decisión del Gobierno de incluir la aprobación de la ley Sinde en el Consejo de Ministros de este viernes despertó una gran expectación y polémica en la redes sociales.

Esta misma mañana el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, había adelantado que el Consejo de Ministros llevaría "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como ley Sinde.

Así lo manifestó Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio en la que señaló que el PP había sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la ley Sinde y se ha mostrado "absolutamente" de acuerdo. Sin embargo, finalmente la ley no ha salido adelante.

Rechazada por los internautas

La polémica ley Sinde implicaba que los sitios web que faciliten la descarga gratuita y sin permisos de películas podrían ser perseguidos para su cierre. También los que permitan o faciliten enlaces descargas de videojuegos o música sin pagar derechos de autor. En principio no afectará a los usarios de plataformas P2P.

Los internautas la han criticado porque consideran que la ley va en contra de los propios principios de máxima libertad en las comunicaciones y acceso a contenidos que facilita internet. Estiman también que es una ley redactada al dictado de las multinacionales del cine y la música y que pondrá en peligro la libertad de expresión con el cierre de páginas.