Rita Barberá: más de 9.000 euros por dos días de trabajo en el Senado

Madrid

Hace dos años, Compromís denunció la acumulación de sueldos públicos de Rita Barberá. Era el cargo político que más cobraba en España, por encima del presidente del Gobierno. Ahora las cosas han cambiado, pero la exalcaldesa de Valencia todavía es una privilegiada.

En la actualidad, Rita Barberá recibe cada mes 4.636 euros como senadora designada por Les Corts. Por un lado, se embolsa 2.813 euros de asignación constitucional. Esa es la retribución idéntica para todos. Y, por otro, 1.822 de indemnización por no pertenecer a la circunscripción de Madrid. Esta última es una cantidad dedicada a cubrir gastos y por eso está exenta de tributación. A ambos conceptos hay que añadir además transporte, dietas y tarjeta taxi. El Grupo Popular recibe también subvenciones pero desde la formación conservadora aseguran que ni tiene ni le dan “ningún complemento” al no ocupar ningún cargo.

La Cámara Alta se constituyó el 13 de enero. Se acaban de cumplir dos meses y, por tanto, en este tiempo ella ha ingresado más de 9.000 euros. A falta de formar Gobierno tampoco ha habido una actividad frenética pero ha faltado a algunas reuniones importantes. Sus ausencias han sido notables porque no vino a Madrid cuando se formaron las Comisiones, ni tampoco al encuentro con Mariano Rajoy. Se escondió durante mucho tiempo hasta que, por fin, salió de su casa para ir a la peluquería. Justo cuando los senadores y diputados valencianos se reunían con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para aunar posiciones con el fin de reclamar una mejora de la financiación de la Comunidad valenciana.

Tras estallar la Operación Taula (24 detenidos el pasado 26 de enero) y después de que su equipo fuera imputado por corrupción, Barberá prefirió encerrarse en su casa. En el PP no gustó nada que se ocultara “detrás del visillo”. Varios dirigentes tuvieron que salir a dar la cara por ella y la relación se envenenó hasta tal punto que muchos comenzaron a pedir su dimisión.

Desde Génova no dejaban de pedirle que diera una rueda de prensa para dar explicaciones. Al final lo hizo para decir que era inocente y no se iba a ir. Pero, tal y como reconocen en la dirección nacional del PP, realmente compareció para evitar tener que hacerlo unos días después en una comisión centrada en los escándalos. La exalcaldesa se justificó explicando que el objeto de esa cita era "ajena a su actividad en el Senado". Y, después de ese plante, Podemos presentó una proposición de ley para poder revocar a senadores "si hay pérdida de confianza en ellos".

Ahora, llega una nueva prueba de fuego. Mañana martes, 15 de marzo, hay pleno y hasta sus compañeros están pendientes de si acudirá o no. Hace unas semanas, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig comentaba que toda esta situación es “transitoria” y que, salvo causa justificada, Barberá tendría que desempeñar sus funciones. “Si no ha hecho nada mal, lo mejor es que actúe con naturalidad de una vez por todas”, dice un diputado. Aunque a algunos dirigentes conservadores su presencia les resulta incómoda, no les hace ninguna gracia que su nombre se convierta en el centro de atención, en detrimento de los temas parlamentarios.

Barberá tomó posesión de su cargo y no se había vuelto a pasar por el Senado hasta la semana pasada cuando fue a organizar su despacho. Ella no piensa renunciar a su acta parlamentaria. Ni Rajoy se lo ha exigido. De hecho el presidente en funciones siempre ha recordado que no está imputada para no tener que adoptar medidas contundentes. Lo que hizo el líder del PP fue aplicar una fórmula que barrió todo su discurso anticorrupción: la apartó de la primera fila pero la mantuvo blindada.

Así fue como dejó de presidir la Comisión Constitucional (perdiendo un plus de 1.431 euros), aunque continuó como miembro suplente de la Diputación Permanente. De esta forma, si se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones ella no sólo sigue aforada sino que también continúa cobrando su nómina.

En todo este tiempo, dos juzgados de Valencia han preguntado al Senado si Barberá es miembro de esta Cámara: el que lleva el caso Imelsa y Taula, además del que investiga una denuncia por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento valenciano. Es el procedimiento habitual porque si se ve implicada en cualquier causa esta recae en el Supremo. En sus filas, algunos insisten en que no se puede cometer una injusticia y que hay quien la ha sentenciado ya. Pero muchos cargos reconocen que es difícil creer que ella no sabía nada de todo lo que ocurría a su alrededor y opinan que sería mejor que se retirara y se centrara en su defensa.