La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza investigar el informe PISA
El Ministerio Público descalifica el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal a Podemos desde Irán y Venezuela
Como hiciera el Tribunal Supremo, rechaza el caso y considera que la denuncia presentada por un colectivo ultraderechista es un “conjunto desordenado” de recortes de prensa que no merece crédito alguno
Una bandera de Unidos Podemos durante el acto tras el 26-J / Pablo Blazquez Dominguez (Getty Images)
Madrid
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al titular del juzgado número 6, Eloy Velasco, que archive la denuncia presentada por la asociación Unión Cívica Española – Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP) contra Podemos, su cúpula directiva y su secretario general, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal de esta formación política desde Irán y Venezuela.
Los denunciantes han basado sus acusaciones en el informe PISA (siglas de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la Policía, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional es contundente al desacreditar el documento. El fiscal Miguel Ángel Carballo califica de “supuesto informe policial” al expediente porque “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”. Pero va más allá, porque respecto a su contenido considera que la “redacción de hechos” del informe PISA está falta de cualquier indicio que pueda ser utilizado como principio de prueba. Unas carencias, insiste el fiscal, que “no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio”.
Consulta el informe PISA de la UDEF sobre Podemos. / Cadena SER
Consulta el informe PISA de la UDEF sobre Podemos. / Cadena SER
El informe PISA también denunciaba posibles delitos de financiación ilegal, fiscales y de blanqueo en Podemos. Pues bien, el fiscal recalca que no cabría el delito de financiación ilegal del partido porque en 2014, cuando supuestamente se produjeron los hechos, aún no estaba tipificado este tipo delictivo. Respecto al delito fiscal o el blanqueo, el fiscal Carballo asevera que “no existe el más mínimo sustento documental o de otro tipo que acredite su existencia”.
Además, el fiscal sostiene que la denuncia presentada es un mero “conjunto desordenado de reproducciones de noticias” publicadas en la prensa.
El informe PISA, sin membrete oficial como otros documentos sobre dirigentes soberanistas que han sido filtrados a medios de comunicación afines o se han pretendido judicializar, ha sido redactado supuestamente por la unidad de inteligencia del Ministerio de Interior conocida como la “Policía patriótica”, que ha regresado a la actualidad en la última semana como consecuencia de las grabaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el ya exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, difundidas por el diario Público.
En síntesis, el informe PISA aseveraba que Iglesias y algunos de los actuales dirigentes de Podemos recibieron dinero de partidos como Izquierda Unida y Sortu; y también de un empresario iraní y de Venezuela a través de paraísos fiscales para fundar la formación morada.
El fiscal no concede crédito alguno al texto. Éste es el segundo revés que recibe el informe PISA en los tribunales. El Supremo ya archivó una denuncia basada en el documento presentada entonces por Manos Limpias porque carecía de los “elementos acreditativos iniciales mínimos” del delito. Solo el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite el informe, a pesar de la decisión del Alto Tribunal.
Desde el Tribunal de Cuentas confirmaron este miércoles a la SER que el informe PISA ha sido incorporado a la fiscalización anual de las cuentas de Podemos pero en ningún caso se han abierto diligencias específicas.
La asociación UCESP, que ha presentado la denuncia basada en el informe PISA, está dirigida por José Luis Espiau, según su página web. Espiau ha llegado a calificar de genocidio a la ley del aborto. El colectivo también presentó recientemente una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers de su gobierno por prometer el cargo sin acatar la Constitución. El texto también fue rechazado por la justicia.
