Comín y Serret denuncian un proceso “de corte inquisitivo” y rechazan personarse
La defensa de los dos exconsejeros, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, rechaza el ofrecimiento de personación realizado recientemente por el juez Llarena denunciando una “absoluta falta de garantías”
Toni Comín a las puertas del Palacio de Justicia de Bruselas / Patricia Torres (EFE)
Madrid
Dos de los exconsejeros fugado en Bélgica, Toni Comín y Meritxell Serret, renuncian por el momento a personarse en la causa instruida en el Tribunal Supremo y denuncian que la investigación “se ha transformado en un proceso de corte inquisitivo” asegurando que “ya es tarde” para compensar los meses en que no han podido participar en la instrucción como parte.
Más información
En un escrito presentado por su abogado Gonzalo Boye el pasado viernes, los exconsellers de Sanidad y Agricultura contestan al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que el 2 de abril les ofreció la personación – tal y como había hecho unos días antes con Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig – después de haber sido puestos nuevamente en búsqueda y captura internacional y estar a disposición de los jueces alemanes, belgas y escoceses respectivamente.
El letrado denuncia en su escrito que el hecho de que Llarena les haya impedido personarse mientras estaban en Bélgica hasta ahora – “se nos ha impedido ejercer el derecho a la defensa” – y asegura que este “gesto aperturista” de Llarena “en modo alguno tiene la capacidad de subsanar la indefensión ya creada”, dice, impidiéndoles participar entre otras cosas en una treintena de declaraciones.
La consellera cessada Serret en una atenció als mitjans a Brussel·les el 9 d'abril / Blanca Blay
La defensa de los dos exconsejeros del Govern destituido de Puigdemont explica que “lo que no se puede pretender es, de una parte, intentar la entrega de mis defendidos y, de otra, dar la apariencia de garantías de debido proceso que se generarían a partir del momento en que aceptásemos la invitación” de personación, acusando al juez de darse prisa ahora de cara a la suspensión política de los imputados a través del artículo 384 bis de la LeCrim.
Denuncian falta de imparcialidad
Tanto Comín como Serret fueron procesados el pasado mes de marzo: en el caso del primero por delitos de rebelión y malversación y de la segunda por desobediencia y malversación. Su abogado, Gonzalo Boye, también denuncia en su escrito una "falta de apariencia de imparcialidad": el hecho de que, por ejemplo, el magistrado haya retirado y puesto en marcha varias veces las órdenes internacionales de detención contra ellos, o haya intentado justificar las OEDES a través de un delito de "corrupción" demuestra, para la defensa de ambos, una "pérdida de cualquier viso de imparcialidad" de Llarena.
El escrito finaliza explicando que "es realmente alarmante para mis clientes la absoluta falta de garantías de un proceso justo así como la ausencia de apariencia de imparcialidad, razón por la que solicitamos la nulidad de lo actuado hasta la fecha".
Rebelión, desobediencia y malversación
Tanto Meritxell Serret como Toni Comín abandonaron España junto con Carles Puigdemont el pasado mes de octubre y se establecieron desde entonces en Bélgica. En uno de sus últimos autos el magistrado decidió procesar a ambos: a Toni Comín por rebelión y malversación y a Serret por desobediencia y malversación.
GRAF9580. .BARCELONA, 09/04/2018.- El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena (c), que ha procesado a la cúpula del proceso unilateral hacia la independencia, ha departido hoy varios minutos con el jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferran López (d), al coincidir en Barcelona en el acto de entrega de despachos judiciales, presidido por el rey.EFE/ Andreu Dalmau. / Andreu Dalmau
En el caso de Comín, el auto le atribuye "garantizar" la logística del referéndum "asumiendo el control de todos los locales dependientes de su consejería" para su uso el 1-O, además de hacer que su departamento pagase las papeletas. En el caso de Serret, la acusación se limita a atribuirle la firma del Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum, lo que según el juez demuestra su "eventual responsabilidad".
