Los CDR, entre las razones del Supremo para mantener a Jordi Sànchez en prisión
La sala ha rechazado el recurso del candidato contra la decisión de Llarena de no excarcelarle o dejarle tomar posesión en marzo: usan como ejemplo "las recientes actuaciones violentas de los CDR" para ilustrar la posibilidad de altercados violentos
Manifestación a favor de los CDR acusados de terrorismo el 10 de abriñ / ALBERT GEA (Reuters)
Madrid
Los tres magistrados que componen la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que supervisa la macrocausa seguida contra el procés independentista catalán ha firmado un auto este martes en el que avala la decisión del juez Pablo Llarena de no permitir que Jordi Sànchez saliese de prisión el pasado mes de marzo para ser investido president: un auto en el que los jueces explican que hay un riesgo de revueltas violentas si eso sucede poniendo como ejemplo a los conocidos como Comités de Defensa de la República (CDR).
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Los magistrados Alberto Jorge, Francisco Monterde y Miguel Colmenero reproducen los argumentos que tanto ellos como el juez Pablo Llarena han utilizado en ocasiones anteriores para negar estos traslados puntuales de los presos al Parlament, explicando la posibilidad de que su salidas se traduzcan en altercados violentos en la calle: "Alteraría probablemente la convivencia ciudadana con posibles movilizaciones orientadas a una fragmentación social y a un encrespamiento de la ciudadanía como el que ya consiguió en su día", dicen los jueces sobre Sànchez.
En este auto firmado este mismo 17 de abril, los jueces además ponen un ejemplo que, para ellos, dibuja este riesgo: "Bastan para corroborarlo las recientes actuaciones violentas de los llamados Comités de Defensa de la República", explican, en alusión a los grupos que, por ejemplo, levantando las barreras de los peajes de la AP-7 en Catalunya.
Concentración de apoyo a los CDR en Barcelona / Alejandro Garcia
Además de este argumento, los magistrados también explican el peligro que supondría que Sànchez tomase posesión como president de la Generalitat de Catalunya: "Se integró recientemente, como candidato destacado, en una lista electoral que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon", dicen sobre JxCat.
Desórdenes, no terrorismo
Los razonamientos de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo llegan cinco días después de que el juez Diego de Egea, de la Audiencia Nacional, dejase en libertad con cargos a una miembro de los conocidos como 'Comités de Defensa de la República', detenida tras los altercados en peajes de Catalunya en protesta por la negativa a excarcelar a Jordi Sànchez.
En un primer momento, la Fiscalía acusó a esta mujer de un delito de rebelión y solicitó su ingreso en prisión sin fianza, optando el juez por una imputación de desórdenes públicos. Tal y como informó la Cadena SER, la mayoría de magistrados y magistradas de la Audiencia Nacional consideraban esta primera acusación del Ministerio Público como desproporcionada.
Llarena y los CDR
Hasta el momento, los 'Comités en Defensa de la República' han jugado un papel secundario en la instrucción dirigida por el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, aunque han sido nombrados en varios de sus autos y ha solicitado información a la Guardia Civil al respecto, sin que se haya traducido en ninguna acusación posterior. En el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo, por ejemplo, el magistrado explicaba que más de cuarenta de estos CDR formaban parte de los colectivos movilizados para favorecer la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Fragmento del informe de la Guardia Civil sobre los CDR / Cadena SER
Recientemente, la Guardia Civil entregó un informe de más de cien páginas al magistrado del Tribunal Supremo detallando el funcionamiento de los Comités: explica que nacieron "con el objetivo inicial de facilitar" el referéndum y que después "adoptaron como nuevo objetivo la proclamación de la República Catalana". Los informes les atribuyen actos de "desobediencia civil y resistencia, tanto activa como pasiva" como "cortes de carreteras, calles, vías de tren" y atribuyéndoles la capacidad de "paralizar el país y bloquear la economía".
Los "efectos colaterales"
En su auto, los jueces de la sala de apelaciones explican que el procés unilateral independentista puso en peligro "principios y bienes jurídicos primordiales del ordenamiento jurídico" español: "La soberanía nacional, la unidad de la Nación española y el sistema político y jurídico que impone la Constitución", dice el escrito.
Simpatizantes de los CDR ante la Audiencia Nacional hace unos días / Paolo Aguilar
Para los magistrados, acertó Llarena al no dejarle salir ya que "se hallan en juego los valores e intereses de los ciudadanos catalanes no separatistas, así como los intereses de los restantes ciudadanos españoles" y cita una serie de "graves efectos colaterales" del procés: "La fragmentación social de los habitantes que residen en Cataluña mediante la aplicación de criterios nacionalistas identitarios que atentan contra la dignidad y la igualdad de las personas" así como "en un escalón inferior, los probables perjuicios económicos derivados de la desubicación de las empresas implantadas en el territorio catalán".
