El Gobierno anulará las sentencias franquistas y estudia ilegalizar asociaciones que hagan apología de la dictadura
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado una "reforma integral" de la Ley de Memoria Histórica, entre otras medidas anulando resoluciones dictadas por tribunales de excepción e ilegalizando asociaciones que ensalcen al dictador
Madrid
El Gobierno central impulsará próximamente una "reforma integral" de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para, entre otras cosas, anular las sentencias dictadas por tribunales de excepción franquistas, estudiar la ilegalización de asociaciones que ensalcen la figura del dictador o promover la creación de una "comisión de la verdad". La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha realizado el anuncio en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
"Es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de desaparecidos", ha dicho Delgado, comprometiéndose a combatir la "impunidad" y haciendo alusión, entre otras cosas, a los informes de Naciones Unidas que critican que España nunca haya investigado las desapariciones forzadas de la dictadura.
Entre otras medidas, Delgado ha puesto encima de la mesa "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquista y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, resignificar el Valle de los Caídos y retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con sanciones económicas en caso de incumplimiento".
La nueva Dirección General de la Memoria Histórica tendrá como prioridad, ha dicho la ministra, "impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista", añadiendo que "estudiaremos la manera de llevar a cabo la ilegalización de las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo".
Justicia universal y artículo 324
La ministra se ha referido a varias reformas legales puestas en marcha por el Partido Popular durante las dos anteriores legislaturas para anuncia su modificación, en algunos casos total. Uno de ellos ha sido en torno al controvertido artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa. "Cuento con sus señorías para poder satisfacer una demanda compartida por todos los colectivos de la Justicia, la derogación del artículo 324 de la LeCrim", ha dicho.
Entre otras normas en vías de derogación en la cámara baja, Delgado también se ha referido a la justicia universal, muy limitada en España tras la reforma afrontada por el anterior gobierno. Delgado ha anunciado la creación de un grupo de expertos que ofrezca directrices en tres meses para reformar la norma: "Este Ministerio tiene intención de abrir un espacio de discusión", ha dicho.
