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Sociedad

La nueva reforma educativa gira a la derecha por las presiones del PP

Wert recupera la alternativa a Religión, prolonga los conciertos educativos y exigirá pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de los alumnos que no reciban educación en castellano

El nuevo texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, confirma un giro ideológico hacia las tesis más conservadores del PP, con concesiones a la Iglesia católica y la escuela concertada y abre un nuevo y agrio frente autonómico por la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial. El texto supone un volantazo en toda regla con respecto al anteproyecto inicial y pone de manifiesto las cesiones del ministerio de José Ignacio Wert ante las presiones de varias de las comunidades del PP y de la propia calle Génova

El pasado 29 de octubre, los consejeros del PP, a través de su portavoz Marcial Marín, responsable del ramo en Castilla la Mancha, sentenciaron que el anteproyecto era "mejorable". La evidente fractura interna en las filas del PP llevó al ministro Wert a dar un mes más de plazo para volver a reunirse e incorporar "mejoras".

El resultado de esas "mejoras" es un nuevo documento de casi setenta páginas que este martes el ministerio debatirá con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación y que, en la práctica, supone una revisión muy sustancial del primer borrador, con algunos cambios de tal calado que casi implican un "borrón y cuenta nueva" en la arquitectura educativa y el diseño de los contenidos curriculares. El texto fue enviado a las comunidades autónomas este lunes apenas horas antes de la celebración de la Conferencia Sectorial y después del cónclave que este pasado fin de semana reunió en Toledo al ministro Wert y a la mayor parte de los consejeros populares. Distintas comunidades consultadas por la SER han reconocido que en la última reunión técnica celebrada el pasado viernes se seguía trabajando sobre el texto antiguo y el ministerio no les informó de los nuevos cambios, ni siquiera verbalmente.

Adiós definitivo a Educación Cívica y Constitucional y bienvenida a la alternativa a Religión

Entre los cambios más ideológicos, el texto pasa de no mencionar siquiera la asignatura de religión a consagrar una de las reivindicaciones clave de la Conferencia Episcopal para evitar la fuga sostenida de alumnos en esta materia: habrá una alternativa evaluable tanto en primaria como en secundaria. El borrador señala que entre las asignaturas específicas los alumnos de primaria deberán cursar o bien Religión o bien Valores Culturales y Sociales, a elección de los padres o tutores. En el caso de secundaria la alternativa será entre Religión y Valores Eticos. En el marco actual la religión es una materia de oferta obligatoria por parte de los centros y voluntaria para el alumno, pero sin obligación de cursar alternativa académica evaluable. Se recupera así el esquema de la LOCE, la ley de Calidad de la Educación impulsada por el gobierno de Aznar en 2002 y que no llegó a entrar en vigor, derogada posteriormente por el gobierno socialista.

Las concesiones llegan también a la escuela concertada al atender otra reivindicación histórica del sector: se amplía de cuatro a seis años la duración mínima de los conciertos educativos en primaria y se incorpora la demanda social como criterio de escolarización. En un guiño a los sectores más beligerantes del PP y la comunidad educativa, el texto destierra del listado de materias de secundaria Educación Cívica y Constitucional, la remozada Educación para la Ciudadanía del PSOE que el PP cambió para despojarla de los "contenidos adoctrinadores". La única referencia al respecto es para señalar que esos contenidos tendrán un carácter transversal en distintas materias.

Vuelve la polémica del "españolizar" a los alumnos catalanes

El texto abre un nuevo y agrio frente autonómico con aquellas comunidades con lengua cooficial. Y es que el ministerio de José Ignacio Wert quiere "blindar" la enseñanza del castellano estableciendo hasta cuatro condiciones para que los alumnos cuyos padres así lo deseen puedan ser escolarizados en esa lengua. Educación quiere que "esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de modo que se garantice el dominio de ambas por parte de los alumnos".

Dinero público para pagar la escolarización en castellano en centros privados

Mientras se pone en marcha ese nuevo diseño, que choca diametralmente con el actual modelo en Cataluña, y si no se garantiza un reparto razonable entre ambas lenguas, Educación da luz verde a una de las medidas más controvertidas de toda la reforma: permitirá que los padres que no encuentren en su lugar de residencia un centro público y concertado donde se garantice a sus hijos la enseñanza en castellano, puedan escolarizarlos en centros privados correspondiendo a las administraciones educativas sufragar los gastos de escolarización. Es decir, se da luz verde a pagar una enseñanza privada con fondos públicos.

Materias troncales y una oferta educativa "a la carta"

En el nuevo esquema el estado se reserva fijar los contenidos y la carga lectiva mínima de las llamadas materias troncales: Matemáticas, Ciencias, Lengua e Inglés, dejando en manos de comunidades y los propios centros educativos el resto de materias específicas en una especie de oferta educativa a la carta en la que cada colegio podría especializarse en determinados contenidos. Una fórmula de gran complejidad que sobre el papel permite rescatar, al menos como posible oferta académica, algunas materias cuyo recorte o supresión en el anteproyecto inicial había desatado muchas críticas, desde la Cultura Clásica a la Tecnología, el Latín, o las materias del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza

Se mantienen las reválidas y el "ranking" de centros

El texto mantiene como eje fundamental el sistema de evaluaciones estatales al término de cada etapa educativa. Las de ESO y Bachillerato obligarán a aprobar ese exámen para poder lograr el título correspondiente y pasar de etapa. Precisamente las consecuencias académicas sobre los alumnos y el hecho de que esas pruebas externas acaben propiciando la publicación de un "ranking" de centros son dos de los asuntos más cuestionados por las autonomías gobernadas por el PSOE que alertan sobre un modelo segregador que dejará atrás a los alumnos más vulnerables. En palabras de la consejera andaluza, Mar Moreno, "los profesores examinan y los evaluadores evalúan para diagnosticar problemas y ofrecer soluciones pero no para poner trabas". Según Moreno, "si Wert se casa sólo con el PP para sacar adelante la reforma, se divorciará de toda la comunidad educativa". Por ello ha pedido serenidad y que no haya precipitación en una reforma que requiere tiempo y sobre todo consenso.

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