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España

Presentan la primera querella contra Bárcenas por la supuesta contabilidad B del PP

El Observatori Desc atribuye al extesorero del PP la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y delito electoral. La querella será presentada este jueves en los juzgados de plaza Castilla en Madrid.

REUTERS / El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel

El colectivo reclama entre otras medidas las cuentas del PP durante los últimos 10 años, la declaración de los empresarios supuestamente donantes y de los políticos que admitieron la recepción de pagos, y el histórico laboral de Bárcenas en el PP con su finiquito "en caso de haber sido despedido".

Es el primer proceso penal contra el extesorero por la supuesta contabilidad B reflejada en los papeles manuscritos publicados por El País. Hasta ahora solo se ha presentado una demanda civil contra Bárcenas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación.

El Observatori Desc presenta este jueves la primera querella contra el extesorero del PP por el contenido de los denominados 'papeles de Bárcenas' que publicó El País. En el texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el colectivo considera que Luis Bárcenas habría incurrido en delitos contra la Hacienda Pública, por recaudar en 20 años hasta 7.5 millones de euros de los que solo afloraron 1.2 millones que ingresó en el banco, siempre según los documentos. Los querellantes consideran que Bárcenas debe ser imputado por dos delitos contra Hacienda, correspondientes a los años 2007 y 2008, porque los anteriores habrían prescrito.

En su querella, también atribuyen a Bárcenas un delito electoral continuado por "falsear la cuenta del Partido [Popular] para eludir el control administrativo". El colectivo sostiene que "a lo largo de dos décadas", Luis Bárcenas "ha falseado" las cuentas que debió entregar al Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pública "para sostener una línea de financiación ilegal de la formación [el Partido Popular] cuya administración tenía encomendada".

Además, el Observatori Desc considera que Bárcenas ha incurrido en los delitos de cohecho y tráfico de influencias que tampoco habrían prescrito. Subrayan que recibía "donativos ilegales" de empresas que "contrataban con la administración" cuya pretensión de influir en el querellado era tal que los pagos "aumentaban coincidiendo con periodos electorales". Hasta tal punto, destacan los querellantes, que una de ellas realizó un pago de 200.000 euros el 11 de marzo de 2004, "en el mismo momento en que toda España estaba consternada por la brutal acción terrorista había algunos que más parecían urgidos por atender a necesidades propias de un final de campaña, como correspondía a las elecciones del 14 de marzo de 2004". Quien efectuó ese pago el 11-M, recuerdan los querellantes basándose siempre en los papeles publicados por El País, fue Juan Cotino, exdirector general de la Policía, y actual presidente del parlamento valenciano.

El Observatori Desc reclama al juzgado que tome declaración como imputado a Luis Bárcenas y como testigos a todos los empresarios supuestamente donantes y a los políticos del PP que han admitido la recepción de pagos. También solicita que la Fiscalía Anticorrupción remita las investigaciones realizadas hasta la fecha en las diligencias abiertas a finales del pasado mes de enero y "cese en sus actividades" al respecto.

Así mismo, solicita al juzgado que ordene al PP toda la información "sobre la situación laboral" del querellado desde que comenzó a trabajar en el partido "hasta la fecha actual", con "inclusión de las nóminas" y "el finiquito en caso de haber sido despedido".

Además, pretende que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria remita toda la documentación fiscal de los últimos 10 años correspondiente a Luis Bárcenas, y la de los empresarios supuestamente donantes durante el periodo 2002-2008.

También pide que el Tribunal de Cuentas remita una copia de las cuentas remitidas por el PP entre 2002 y 2008, y que el mismo tribunal informe si en alguna de las auditorías realizadas en el mismo periodo "aparecieron donaciones por las personas mencionadas" en los papeles con las correspondientes fechas de realización de los pagos y las cantidades.

La querella se presenta en los juzgados de plaza Castilla porque los delitos se habrían cometido en Madrid, donde Bárcenas está domiciliado y el PP "tiene su sede nacional", y los delitos no serían competencia de la Audiencia Nacional, que por otra parte, ya ha descartado de momento investigar los supuestos papeles manuscritos al no encontrar conexión con el caso Gürtel.

Motivos para ejercer la acción popular contra Bárcenas

El Observatori Desc defiende su legitimidad para ejercer la acción popular contra Luis Bárcenas. El abogado y portavoz de este colectivo de defensa de los derechos humanos, Jaume Asens, que cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y otras organizaciones, dice que en este caso hay "una confluencia entre los intereses del poder político y de las empresas que parece que gobiernan en la sombra a pesar de que nadie les vota". Por ello, a su juicio, "si la acción popular tiene algún sentido es en este caso", como herramienta para que "los ciudadanos puedan tener un papel de control de las administraciones públicas".

Jaume Asens rechaza que la acción popular la ejerza el poder público, como en ocasiones ha sucedido con los grandes partidos políticos en España. A su entender, está más justificada si se ejerce "contra el poder público o a pesar del poder público" en defensa de la ciudadanía.

"Sospechas" del interés de la Fiscalía

El portavoz del colectivo también considera necesario que el juzgado arrebate la investigación del caso a la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto unas diligencias secretas cuyo contenido no se está siguiendo en una sede judicial. Jaume Asens "sospecha" que la Fiscalía "no quiere llegar hasta el final del asunto" porque está sometida al principio de legalidad pero "también al de dependencia jerárquica", y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, "fue nombrado por Mariano Rajoy", quien "resulta ser uno de los sujetos de la investigación"