Las mentiras del comunicado del PP sobre su caja b
La instrucción judicial desmonta punto por punto las aseveraciones realizadas por el Partido Popular en su comunicado emitido este lunes para responder a la fianza de 1,2 millones que deberá abonar en 10 días como responsable civil subsidiario por su caja b
Comunicado del PP sobre la fianza civil de 1,2 millones de euros impuesta al partido como responsable civil subsidiario por su caja b. / Cadena SER
Madrid
El comunicado emitido por el Partido Popular para responder a la información avanzada por la Cadena SER respecto a que tiene 10 días para abonar 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por su caja b o será embargado está repleto de falsedades y medias verdades, como corrobora la instrucción judicial llevada a cabo por el juez Pablo Ruz, que se ha prolongado durante más de dos años —el sucesor de Ruz, el magistrado José de la Mata, fue quien ordenó el año pasado la apertura de juicio oral—. Estas son las mentiras contenidas en el texto redactado ayer por el Partido Popular, que ya han desmontado la justicia.
Comunicado del PP sobre la fianza civil de 1,2 millones de euros impuesta al partido como responsable civil subsidiario por su caja b (Página 1/2). / Cadena SER
Comunicado del PP sobre la fianza civil de 1,2 millones de euros impuesta al partido como responsable civil subsidiario por su caja b (Página 2/2). / Cadena SER
La denuncia no es "política", sino de Anticorrupción
Asevera el PP en su consideración "primera" que "el procedimiento en cuestión se inició en su día y ha continuado hasta la fecha sobre la base de las acusaciones formuladas por determinadas formaciones políticas contra el Partido Popular". Esta afirmación es falsa. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que inició de oficio las diligencias de investigación penal a raíz de la publicación por el diario El País de los papeles de Bárcenas, y la que después denunció el caso a la Audiencia Nacional, antes de la querella presentada por Izquierda Unida, tal y como concluyó la Sala de lo Penal del mismo órgano jurisdiccional.
La acusación no se basa "exclusivamente" en Bárcenas
En el mismo fundamento, continúa diciendo el PP que las acusaciones fueron "construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta en las afirmaciones realizadas por una persona como Luis Bárcenas". También falso. Anticorrupción no solo citó a Bárcenas a declarar, sino también al extesorero Lapuerta y a otros testigos, y la detallada instrucción judicial ha contrastado las declaraciones de Bárcenas y hallado evidencias para concluir indiciariamente la veracidad de los hechos.
Múltiples pruebas y testigos corroboran la caja b
El PP sigue mintiendo en el mismo párrafo al sostener que se trata de unos "supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona". No son "supuestos", sino reales y reconocidos por el propio Bárcenas, y la causa está repleta de pruebas, más allá de las manifestaciones del extesorero, que confirman la "veracidad" de esos "apuntes", como las declaraciones de los excargos del PP Jaime Ignacio del Burgo, Calixto Ayesa, Cristóbal Páez, Pío García Escudero, Jaume Matas, Eugenio Nasarre, Santiago Abascal o Pablo Crespo, además de los informes de la Agencia Tributaria, la Intervención del Estado o la UDEF, que han confirmado 14 trasvases de dinero de la caja negra del PP a su cuenta de donativos para blanquearlo, en las fechas que anotó Bárcenas, o que el extesorero elaboró estos documentos manuscritos entre 1990 y 2008 al detectar los agentes las pequeñas variaciones en su letra lógicas en cualquier persona en tan largo periodo de tiempo, imposibles de falsificar. Es decir, los papeles fueron redactados por Bárcenas cuando dice que fueron elaborados, y no se escribieron a propósito, de golpe y a última hora para tender una trampa al partido, como han asegurado en ocasiones en el PP.
El PP se aferra a documentos "anacrónicos" para el juez
Las falsedades o medias verdades no acaban ahí. Sin salir del mismo párrafo de la fundamentación primera, el PP dice que "obran en las actuaciones informes que desmienten absolutamente la veracidad, solvencia y consistencia de esos apuntes". El Partido Popular parece referirse aquí a los informes de la unidad de la IGAE adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, que fueron considerados "anacrónicos y superados por la instrucción" por el juez Pablo Ruz, quien ni siquiera los tuvo en cuenta para su investigación. De hecho, los informes que sirven y a los que la justicia ha dado verosimilitud son los elaborados por los peritos de la IGAE designados por el juzgado número cinco de la Audiencia, que han corroborado la existencia de la contabilidad paralela en el PP y los pagos en negro por la sede central.
Anticorrupción y Hacienda sí ven delito en contra de lo dicho por el PP
En su consideración "tercera", el PP afirma que "en cuanto a la existencia de delito, debe recordarse que ni el Ministerio Fiscal ni la Hacienda Pública entendieron que existiera delito en relación con los hechos de los que se pretende hacer responder subsidiariamente al Partido". Totalmente falso. Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado en representación de la Hacienda Pública consideran que existe delito por los 1,4 millones en negro pagados por el PP a Unifica a cambio de reformar la sede central de la formación conservadora, de los que esta empresa debió declarar 1.024.987 euros en el impuesto de sociedades de 2007. Tanto la Hacienda Pública como la Fiscalía han afirmado en sus escritos, en contra de lo aseverado por el PP, que el partido es responsable civil subsidiario por ese hecho concreto. Por lo único que no veían delito ni la Agencia Tributaria ni Anticorrupción es por no declarar 220.167 euros en donaciones al PP, aunque fueran ilegales.
El futuro juicio por la caja b, para el que todavía no hay fecha, dirimirá la existencia de responsabilidades y a quiénes alcanzan las mismas, pero fuentes jurídicas consultadas por la SER que prefieren el anonimato aconsejan al PP que "vaya cambiando de argumentario" para la vista, al ser "insostenible" ante un tribunal y haber sido "superado por las pruebas" aportadas durante la fase de instrucción.
