Cataluña se arriesga a un callejón sin salida

Madrid

Empecinadas en su apuesta soberanista, las formaciones políticas que defienden la república independiente de Cataluña (PdeCat, ERC y CUP) esperan sumar el 21-D la mayoría absoluta en las urnas (68 de los 135 diputados) para profundizar en un proyecto separatista expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y que mantiene imputados, encarcelados o huidos a los principales impulsores de este desafío.

Frente a estos partidos independentistas, el denominado bloque constitucionalista que rechaza la secesión (Ciudadanos, PSC y PP) espera sumar suficientes escaños para impedir la mayoría absoluta de las fuerzas separatistas. Y desde esa posición, de indudable valor político, garantizar que Cataluña siga formando parte de España.

De bisagra de esta contienda, según pronostican la mayoría de las encuestas, se situaría Catalunya en Comú-Podem, que aboga por un referéndum de autodeterminación pactado y, a la vez, rechaza la declaración unilateral de independencia.

La campaña electoral, agitada entre sondeos, mítines, entrevistas y debates con mucho ruido, ha consolidado la idea de que el futuro de Cataluña no puede ser más incierto e inquietante.

En este campo de juego, las hipótesis de alianzas electorales para facilitar una investidura, siempre que el bloque independentista no logre los 68 diputados que dan la mayoría absoluta, conducen a un callejón sin salida aparente, salvo unas nuevas elecciones que ninguna formación política quiere. Los cuatro debates electorales celebrados han demostrado que la fractura no sólo enfrenta a independentistas con constitucionalistas sino que los bloques no son homogéneos y están divididos entre sí. Las entrevistas a los candidatos han revelado que cualquier posibilidad de acercamiento parece una utopía.

Los acuerdos que defiende el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para facilitar un gobierno de las fuerzas de izquierda, con ERC y PSC, chocan con el rechazo socialista: "No vamos a facilitar un Gobierno con independentistas".

La alianza que propone Ciudadanos con PSC y PP, siempre contando con el pronóstico de las encuestas, necesitaría del apoyo de Catalunya en Comú-Podem para sumar mayoría absoluta, algo que descartan los dirigentes de esta candidatura.

Así las cosas, las elecciones más importantes de cuántas se han celebrado en Cataluña en la reciente etapa democrática se presentaron como una solución de emergencia que puede no resolver nada.

5,5 millones de catalanes llamados a las urnas

Las primeras elecciones autonómicas convocadas desde el Gobierno central tras aplicar el artículo 155 de la Constitución convocan a 5,5 millones de catalanes (226.000 residentes en el exterior) para repartir 135 escaños (85 en Barcelona; 17 en Girona; 15 en Lleida y 18 en Tarragona). De su decisión en la jornada del 21-D no sólo depende el futuro de Cataluña sino, en parte, el futuro político de España.

El Partido Popular, que gobierna el país en minoría, espera un resultado que neutralice a los independentistas aunque suponga un batacazo electoral para sus propias siglas, devoradas en Cataluña por el empuje de Ciudadanos. En ese escenario de recuperación de la normalidad en Cataluña y sin la presión independentista, Rajoy confía en aprobar los presupuestos de 2018 con el apoyo del PNV y garantizarse así otro año de Gobierno. Si Cataluña apuesta de nuevo por los independentistas, la situación de bloqueo amenazará la estabilidad del Gobierno central y agitará el fantasma de unas elecciones generales anticipadas, según elucubran dirigentes de los partidos nacionales.

Los socialistas aspiran a un objetivo parecido a la cuadratura del círculo: colocar de presidente de Cataluña a su candidato Miquel Iceta sin que esa carambola, caso de producirse gracias al apoyo de otras fuerzas políticas, suponga daño alguno para sus aspiraciones nacionales.

Los independentistas, caso de revalidar la mayoría absoluta en escaños conseguida en 2015, se enfrentan al dilema de insistir en su camino fuera de la ley para lograr la independencia con la amenaza viva de que sus principales dirigentes, imputados por desobediencia, malversación o rebelión, puedan ser inhabilitados para ejercer cargo público en caso de ser condenados.

Nunca unos comicios autonómicos se celebraron en un contexto político tan endiablado y un futuro tan mal iluminado. Los catalanes, que celebrarán sus decimosegundas elecciones en la reciente etapa democrática, tienen en sus manos la respuesta a un problema sin solución visible.