Tribunal Supremo: pleno de archivos de querellas contra jueces por prevaricación
El alto tribunal tendrá que estudiar si admite a trámite y desarrolla la querella anunciada por el Parlament de Catalunya contra el juez Pablo Llarena: en el último año ha archivado todas las querellas presentadas contra magistrados de todo el país
Madrid
La Mesa del Parlament de Catalunya ha aprobado este viernes presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, después de su última negativa a permitir que Jordi Sànchez pueda tomar posesión como President de la Generalitat. Una querella que estudiarán los jueces de lo penal del propio Tribunal Supremo y que podría estirarse en caso de derivar en una recusación aunque con todos los antecedentes en contra: en el último año, el Supremo ha rechazado el cien por cien de querellas presentadas contra jueces y magistrados aforados.
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Fuentes del alto tribunal ven pocas opciones de que esta querella, en la que la cámara catalana acusará al magistrado que investiga el procés de un delito de prevaricación, se transforme en un proceso contra Pablo Llarena.
La primera decisión que tendrá que tomar el Supremo será designar un instructor, magistrado o magistrada de la sala de lo penal, que será quien estudie la querella y decida si merece abrir una causa o ser inadmitida y archivada, previo informe de la Fiscalía. También tendrá que decidir si es competente para estudiar el caso, lo que parece claro dado el aforamiento de Pablo Llarena como magistrado de la casa.
Estas mismas fuentes apuntan al único recorrido que podría tener esta querella: recursar por cercanía al magistrado instructor como compañeros de sala de Llarena a los magistrados encargados de tramitar el asunto.
Pleno de archivos
Las querellas contra magistrados no gustan en el Tribunal Supremo, con el listón de la prevaricación muy alto incluso para abrir una instrucción. En el último año, el alto tribunal ha enviado al cajón las más de veinte querellas que han llegado a Marqués de la Ensenada contra magistrados de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional además también de varios fiscales.
En todos los casos la sala de lo penal ha dictado autos con partes dispositivas idénticas: se declaran competentes para estudiar la querella y acto seguido decretan su inadmisión y archivo porque "los hechos contenidos no revisten indiciariamente naturaleza delictiva".
Desde enero del año pasado, los jueces de lo penal del Supremo han estudiado más de veinte querellas contra jueces y magistrados aforados: el último caso enviado al cajón ha sido el de un abogado que se querelló contra la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por su decisión de enviar a prisión a Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern destituido de Carles Puigdemont en noviembre. Otro reciente es el archivo de la querella interpuesta por el represor argentino, Adolfo Scilingo, contra los jueces del Tribunal Supremo que hace más de una década le condenaron a más de mil años de cárcel por los vuelos de la muerte.