Ni presos ni fugados
El magistrado Pablo Llarena va un paso más allá en su último auto y afirma que no permite a Jordi Sànchez acudir a su propia investidura para evitar que sea proclamado President de la Generalitat, no para evitar posibles disturbios callejeros y violencia
La líder de JxCat, Elsa Artadi, en el Parlament el pasado 5 de abril / Andreu Dalmau (EFE)
Madrid
El Parlament de Catalunya acoge estos meses una intensa partida de ajedrez para poner a alguien al frente de la Generalitat después de la destitución de Carles Puigdemont. Ni el expresident, ni Jordi Turull ni ahora Jordi Sànchez han pasado los distintos filtros políticos o judiciales para poder ocupar el sillón de President, y este jueves el juez Pablo Llarena ha explicado que, por el momento, el poder ostentar ese puesto entra dentro del tan manido riesgo de reiteración delictiva.
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La dinámica judicial de los últimos meses, procedente tanto del Tribunal Supremo que investiga el procés como del Tribunal Constitucional, ha marcado dos líneas rojas para que el bloque soberanista elija un candidato o candidata: ni permitirán la investidura de uno de los nueve encarcelados ni tampoco la de uno de los siete fugados.
En cuanto a los encarcelados, los argumentos esgrimidos por el juez Pablo Llarena han dado un salto de calidad este jueves. Hasta el momento, el magistrado había basado sus negativas a acudir al Parlament en el peligro que entrañaba el traslado físico de los imputados desde Soto del Real y Estremera hasta el Parc de la Ciutadella - con algunas alusiones escoradas al contexto político catalán - pero su último auto entra a valorar directamente los peligros que entraña la posibilidad de que Jordi Sànchez sea President de la Generalitat.
El presidente del Parlament, Roger Torrent / EUROPA PRESS
En cuatro meses, la negativa del juez a permitir que los diputados encarcelados acudan al Parlament ha pivotado desde el riesgo de movilizaciones violentas hasta la propia investidura.
De la violencia a la presidencia
El pasado mes de enero, el juez comunicaba por primera vez a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez que no iban a poder acudir a los plenos del Parlament, y que si querían hacer uso de su condición de diputados tenían que delegar su voto. Ese día el juez acordó incapacitarles legalmente justificando su medida en "la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia".
Un argumento que ha mantenido en autos posteriores, confirmados por la sala de apelaciones, negando también la participación de Sànchez en la campaña electoral del 21 de diciembre por métodos telemáticos y trufando sus resoluciones también con alusiones a un contexto político catalán y una ideología de los encausados que entiende desfavorables: "No sólo no ha renunciado a una actividad pública que ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer", dijo por ejemplo de Jordi Sànchez en febrero.
El "eventual mandato" de Sànchez
El riesgo de reiteración delictiva ya no era sólo, por tanto, el peligro de que las movilizaciones violentas sino también la negativa a abandonar la ideología independentista unilateral. Un razonamiento que este jueves ha dado una última pirueta: conjeturar sobre lo que Jordi Sànchez podría hacer si llegase a la presidencia de la Generalitat. "La postulación del procesado como presidente de la Generalidad de Cataluña presenta elementos que apuntan, marcada y racionalmente, a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional" que intenta proteger.
Que llegue a ser President, a día de hoy, constituye un riesgo real de que siga la senda del destituido Govern de Carles Puigdemont: “Las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Cataluña, así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula”.
Chapa con el rostro de Junqueras en la solapa del abrigo de Gabriel Rufián / Alberto Pozas
Por el momento, por tanto, parece poco probable que el juez Llarena vaya a permitir que alguno de los nueve encarcelados pueda salir de prisión para tomar posesión como presidentes o presidentas de la Generalitat. Todo esto con la suspensión política entre los anuncios del juez Llarena para cuando su procesamiento por rebelión sea firme, lo que terminaría por cerrar esta puerta.
Ni presos... ni fugados
La Justicia también ha acotado las posibilidades de elección en el catálogo de candidatos: aquél que se encuentre fuera de España y fuera del alcance de la Justicia española tampoco podrá ir al Parlament a tomar posesión, ni podrá tampoco hacerlo de forma telemática.
La primera barrera es sencilla: todos están en búsqueda y captura dentro de nuestras fronteras - la mayoría también a nivel internacional - y por tanto, salvo sorpresa, serían detenidos antes de acercarse a menos de quince kilómetros del Parlament. Ninguno de los siete fugados en Alemania, Bélgica, Escocia o Suiza pueden poner un pie en nuestro país sin arriesgarse a ser arrestados por orden del juez Llarena, ni en el supuesto de que los países en los que se encuentran rechacen su entrega.
La segunda barrera fue levantada por el Tribunal Constitucional el pasado 27 de enero en torno al primer intento de investir a Puigdemont: ese día el pleno prohibió una investidura "a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario", también "no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión" y recordando también a los fugados que "no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".
Un ataque "en desarrollo"
¿Existe la posibilidad de que el criterio del juez Pablo Llarena cambie a corto o medio plazo? El magistrado que instruye la macrocausa contra el procés analiza la actualidad y ya explicó en su auto de procesamiento que, a su entender, "el ataque al orden constitucional puede estar en desarrollo, por más que se encuentre actualmente paralizado y en posible espera de un relevo en sus protagonistas".
Carles Puigdemont y Elsa Artadi en Berlín el pasado 7 de abril / OMER MESSINGER
Es decir, que para el juez el desafío soberanista unilateral sigue vivo y un viraje de criterio pasaría por múltiples cambios tanto concretos como de contexto político para que diese por neutralizado el riesgo de reiteración delictiva. Por el momento, ni las promesas más fervientes de los imputados de abandonar esta vía unilateral han ablandado los barrotes de la cárcel.
