CCOO del País Valencià recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las torturas a sus fundadores

Valencia

CCOO lleva años persiguiendo que se declaren inconstitucionales varios artículos de la ley de aministía de 1977 para defender el honor y el trabajo de los fundadores del sindicato que por el hecho de serlo, por demandar condiciones dignas y reclamar derechos democráticos fueron perseguidos, encarcelados y torturados por el regimen franquista en 1968 y 1970.

Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO del País Valencià, ha explicado que llegan a Europa un tanto forzados por la actitud de la justicia española que ni siquiera ha querido entrar en el asunto amparándose en una ley preconstitucional. Confía García Alcolea en que el tribunal europeo admita a trámite la demanda y afee a la justicia española que se esté lavando las manos.

El abogado redactor del recurso, el penalista valenciano Virgilio Latorre, ha explicado este martes en rueda de prensa que, en caso de ser estimado, podría haber una respuesta a este recurso en el plazo de unos cuatro meses, si bien ha admitido sus dudas sobre la hipotética aplicación de un pronunciamiento favorable por parte de la Justicia española.

"Tras la Guerra Civil se produjo una represión sistemática por parte de las fuerzas vencedoras frente a los perdedores, la mayoría de este país. En ese contexto, hubo un proceso de persecución de quienes luchaban por la libertad y trataban de conformar una nueva línea de defensa, que fueron los sindicatos", ha apuntado Latorre.

"Frente a ellos se crearon los tribunales de orden público y las brigadas político-sociales, cuya actividad quedó impune porque los tribunales militares no hicieron nada frente a las detenciones y torturas, con el agravio posterior de la Ley de Amnistía. El régimen logró establecer mecanismos de ignorancia y quedaron mudas todas las peticiones de reparación e investigación", ha recordado.

Se da la circunstancia, según este abogado, de que la Ley de Amnistía es preconstitucional, "pero ello no impide, a nuestro juicio, que sea declarada inconstitucional, porque es contraria a la Constitución", ha agregado. Hasta ahora, según Latorre, la posibilidad de la mera investigación de los crímenes del franquismo ha estado cercenada por los tribunales españoles por tres circunstancias: la supuesta prescripción de los hechos, el factor de que no estuviesen contemplados ciertos delitos en la legislación vigente y la Ley de Amnistía.

El recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) insiste en que la prescripción no puede operar porque no había posibilidad de denunciar, señala que el derecho internacional sí preveía los delitos de tortura y lesa humanidad, y añade que la Ley de Amnistía debe ser considerada inconstitucional. Preguntado sobre qué sucedería en caso de que prosperase el recurso, Latorre ha admitido que "no es posible anticiparlo", y ha apuntado tres opciones: que a través del recurso de revisión se puedan reabrir investigaciones, que se aplique de forma directa y se investiguen nuevos hechos que antes no era posible, o la que le parece más razonable, que sería una modificación de la Ley de Amnistía por parte del Parlamento español. "Esta última opción supondría un nuevo estatus jurídico que permitiría la revisión e investigación de los crímenes del franquismo", ha asegurado Latorre.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha considerado "histórico" que se puedan declarar nulas "ciertas cláusulas de la Ley de Amnistía" y que se pueda abrir la puerta a juzgar crímenes de lesa humanidad en España. "Es un acto de Justicia histórica, lo hacemos por el presente y por el futuro, porque es necesario que se sepa lo que pasó en este país durante la dictadura. Se torturó y encarceló a sindicalistas por defender a los trabajadores, por exigir salarios justos, convenios colectivos, condiciones dignas de trabajo, derecho de asociación, derecho de reunión y huelga... Ya está bien de ocultar lo que ocurrió en este país. Es importante que no se vuelva a repetir", ha subrayado.

Por su parte, Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha lamentado que en los últimos años "las instituciones han puesto en marcha políticas de desmemoria", pero que el Gobierno al que representa apoya este recurso con la confianza de que "pueda abrir un camino para acabar con la impunidad del franquismo", porque sin ello "no puede haber una democracia de calidad".