Madrid recurrirá la Ley de Vivienda si se ratifica invasión de competencias

Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevará a los tribunales la Ley de Vivienda para "defender los intereses de los madrileños", si la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ratifica "la invasión de competencias autonómicas" que denunció el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en relación al proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Gobierno, que enviará al Congreso, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia.

Será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles.

Una normativa que ha recibido un informe desfavorable del CGPJ -con quince votos a favor y seis en contra-, en el que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.

En declaraciones a los medios en una visita a los juzgados de Primera Instancia 101 y 101 Bis, López ha subrayado que la Ley de Vivienda "es un símbolo que define a este Gobierno", que es "rebelde hacia el poder judicial y con el ordenamiento jurídico" y está "radicalizado por el sectarismo de una parte del Gobierno en la que ha caído el resto".

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En esta línea, ha señalado que trata de imponer "un modelo de vivienda totalmente obsoleto en Europa" y que atenta contra el orden constitucional por "invadir competencias de las comunidades autónomas".

"Salvo con algunas que hacen de la violencia institucional un arma de negocio en política como el independentismo de Cataluña", ha espetado el también responsable de Justicia del PP.

López ha contrapuesto el modelo de vivienda de la Comunidad de Madrid de "proteger el derecho a la propiedad" y dar "seguridad" a los propietarios para que saquen al mercado sus bienes para que "bajen los precios", frente a la de "limitar los precios del alquiler" y de "una mayor intervención administrativa".

"Si nuestra abogacía nos ratifica la denuncia del poder judicial respecto a la invasión de competencias, estaremos obligados a defender los intereses de los madrileños en el régimen constitucional de reparto de competencias", ha expresado.