Un letrado presenta una denuncia para que la Guardia Civil entre en la casa del diputado Alberto Casero y en el Congreso
Alberto Casero insiste en que votó en el mismo sentido que el resto de diputados de su partido pero su voto fue modificado por el sistema informático
El diputado popular Alberto Caser / Pablo Blazquez
Madrid
Alberto Casero Ávila se ha convertido en el gran protagonista de la semana. El diputado del PP votó por error hasta en 4 ocasiones de forma telemática, una de ellas facilitando la aprobación de la reforma laboral, que estuvo muy cerca de ser rechazada tras la ruptura de la disciplina de voto de los dos representantes de UPN. Ahora, desde el PP señalan que ha sido un error informático y hablan de "pucherazo", al igual que Vox.
De esta forma, un abogado ha presentado este viernes una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid por una supuesta comisión de delito contra los Derechos Fundamentales y por un delito informático. En un primer momento, el juez había señalado que el denunciante era el abogado de Casero, pero posteriormente ha rectificado y ha señalado que se trata de un magistrado independiente.
Se trata del letrado catalán Esteban Gómez Rovira, quien ya presentó hace casi dos años una denuncia por malversación contra el presidente del CIS, José Félix Tezános. En su escrito solicita una serie de diligencias urgentes, como la entrada de la Guardia Civil en su domicilio particular y en el Congreso de los Diputados para analizar las terminales y los sistemas informáticos.
El escrito presentado ante el juez de guardia relaciona estos delitos con la votación de ayer en la Cámara Baja para la aprobación de la reforma laboral. Ante esta solicitud de urgencia, el magistrado de guardia ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía, que se ha opuesto a la adopción de ese carácter de urgencia por no existir razones para ello.
Por último, la denuncia ha sido derivada al Decanato de estos juzgados para que la semana próxima entre al turno de reparto. Por tanto, será el magistrado sobre el que recaiga el que deba adoptar las decisiones procesales en la investigación de este asunto.
