Austria impone multas desde este sábado a las personas que no se hayan vacunado contra la COVID-19

Madrid

La vacunación obligatoria contra la COVID-19 aprobada en Austria ha entrado en vigor este sábado, lo que supone que las personas que no se hayan administrado las dosis podrán ser multadas con hasta 3.600 euros.

Tras la promulgación de la ley por parte del presidente, Alexander Van der Bellen, y su publicación este viernes en la Gaceta Federal, la primera normativa que obliga a vacunarse contra el coronavirus a toda la población mayor de 18 años en un estado de la Unión Europea comenzará a aplicarse mañana.

La ley, que el jueves completó su aprobación en el Bundesrat, la cámara de representación territorial, contó con el respaldo de cuatro de las cinco formaciones con representación parlamentaria. Así, aprobaron la norma los partidos del Gobierno de coalición -conservadores y ecologistas- y la oposición socialdemócrata y liberal. Sólo el ultranacionalista y antivacunas FPÖ se opuso al calificarla de un ataque a las libertades fundamentales.

¿Quiénes están exentos de vacunarse?

De la obligatoriedad de vacunarse quedan exentas mujeres embarazadas, personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días. Tampoco se exige automáticamente para trabajar, aunque los empleadores pueden incluirlo en sus condiciones laborales y quienes estén en el paro y rechacen un trabajo por no estar vacunado puede perder el derecho al subsidio de desempleo.

El texto legal deja claro que la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza" y limita los castigos a las multas económicas, que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros. La normativa incluye una primera fase de transición y solo se comenzarán a imponer sanciones en la segunda, a partir del 16 de marzo.

A los no vacunados se les recordará primero en una carta que deben vacunarse, y en caso de no hacerlo y no asistir tampoco a las citas que se le propongan, es cuando pueden ser multados. Actualmente solo el 68,8 % de la población dispone de un pasaporte de vacunación en activo, tras reducir el Gobierno su validez de nueve a seis meses después de la segunda dosis.

Otros países como Italia ya las contemplan para los mayores de 50 años, que son sancionados con 100 euros si no se administran las dosis.