Madrid

Este lunes 7 de febrero más de una veintena de organizaciones se manifestarán en Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Granada, Castellón, Badajoz, Madrid, Barcelona y Valencia pidiendo al gobierno que aproveche la reforma de la ley de la ciencia presentada por el Ministerio de Ciencia e Innovación para erradicar la precariedad en el sector de la investigación científica. Lo cierto es que la principal de sus exigencias con la que han venido calentando la movilización ha recibido este viernes el visto bueno del Ministerio de Diana Morant: la ley modificada contemplaba que los contratos predoctorales y postdoctorales tendrían derecho a recibir una indemnización a la finalización del mismo, pero solo regulaba a los nuevos contratos y excluía a los ya firmados. Este viernes, Morant anunciaba que el Ministerio recogía la reivindicación y los contratos ya firmados también tendrán derecho a esa indemnización.

Morant aseguraba en una comparecencia ante los medios de comunicación que esta ley garantizará "que nuestros científicos tengan una vida digna dentro de la carrera investigadora y que no se tengan que ir a otros países a desarrollar su carrera" pero los convocantes de la protesta del lunes discrepan y -a pesar de asumir la principal de sus exigencias- mantienen las diferentes movilizaciones. Además, a pesar del compromiso del Ministerio que llevará el texto al Consejo de Ministros para su aprobación, dicen no fiarse. Tras este anuncio de la Ministra, los convocantes han actualizado su lista de reivindicaciones para aprovechar esta nueva norma que -recuerdan- no se ha modificado desde el 2011 y -creen- puede ser una oportunidad única.

Los convocantes tenían previsto comparecer en el Congreso de los Diputados este lunes 7 de febrero para explicar su visión de la reforma de la ley, pero esta comparecencia se ha pospuesto -según les han transmitido- debido al adelanto electoral en Castilla y León:

Son varias las propuestas que los distintos colectivos han planteado al Ministerio así que aquí recogemos algunas con las voces de algunos científicos de nuestro país a los que afectará la ley: "Esto demuestra la poca importancia que se le otorga a la ciencia y el mejor ejemplo es ver cómo queda relegado a un segundo plano ante cualquier otra circunstancia política", comenta José Manuel Pérez, presidente de la asociación FPU Investiga.

Retribuciones mínimas

Alejandro tiene 28 años, es graduado en psicología, ha realizado un máster en psicología general sanitaria y otro en psicología forense; durante este tiempo trabajó en cafeterías y tiendas de ropa o tecnología. Al finalizarlos, trabajó en un servicio de atención psicológica para alumnos de la universidad y ahora prepara su tesis doctoral becado como FPU (Formación de profesorado Universitario) en la Universidad Complutense de

; por este trabajo en la UCM no llega a percibir 1.000 euros mensuales: "Soy contratado predoctoral en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Psicología Clínica. Mi tesis va sobre la mejora de los tratamientos, la eficacia de los tratamientos, en el abordaje del trauma en un ámbito psicoterapéutico en mujeres de violencia de género. Es decir, cómo podemos hacer que funcionen mejor los tratamientos psicoterapéuticos que tenemos actualmente para que las mujeres que tienen trauma después de la vivencia de violencia de género en la pareja, tengan mayor beneficio al acudir a un tratamiento psicoterapéutico".

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Es el mínimo que se le puede pagar a una persona con un contrato predoctoral, el 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito mientras esté en los dos primeros años de contrato; un mínimo que viene fijado en el estatuto del investigador predoctoral en formación aprobado en 2019 y que esta ley no modifica. Por ello, los colectivos convocantes piden que la ley establezca un aumento de las retribuciones mínimas de sus contratos que eviten situaciones precarias.

"Tú estás aquí viviendo en Madrid con tus raspados 1.000 euros y que tienes que pagar un alquiler y tienes que tener otros gastos y muchas veces tienes la sensación de «soy tonto»", comenta Alejandro que asegura que si continúa a pesar de todo es "porque lo que hago tiene una repercusión social y eso a mí me llena. Yo trabajo en violencia de género, sientes que estás ayudando a las víctimas" con la esperanza de poder mejorar; aunque reconoce que en el horizonte lo que ve es: "Acabo el doctorado y sé que casi seguro me voy a ir al paro. Y luego, Dios dirá".

José Manuel Pérez, presidente de la asociación FPU Investiga critica "que siga sin desarrollarse la carrera profesional del personal técnico y de gestión, pues tienen un papel crucial en la actividad investigadora. Tampoco establece un incremento de las retribuciones mínimas para el personal pre doctoral, ni contempla la creación de un estatuto personal de investigación que por fin regule sus derechos como trabajadores".

Precariedad investigadora

Guillem tiene 29 años, es investigador posdoctoral en un laboratorio y su trabajo será clave para el futuro de la salud pública. Se encarga de investigar "una alternativa para los antibióticos actuales para solucionar el problema de salud pública que representa este problema de las superbacterias". Para él, la indemnización se queda corta y asegura que su problema actual, encadenar contratos precarios, se mantendrá con la nueva ley: "He tenido contratos de prácticas, contratos como investigador doctoral, como investigador postdoctoral, etc. Siempre encadenando contratos de forma temporal para realizar tareas estructurales".

Su situación ha llegado a tal punto que se plantea dejar su profesión cuando termine su contrato actual, dentro de dos años: "Una cosa que sé que tengo muy clara es que no voy a sacrificar mi vida personal por mi vida laboral; y que si dejo la ciencia será como lo han hecho tantos otros de mis compañeros que, al final, después de muchísimos años de intentarlo, de muchísimos años de acumular precariedad, de cobrar salarios irrisorios, de trabajar en el paro, trabajar sin contrato... han decidido dejarlo: tirar la toalla porque en estas condiciones no se puede vivir".

Por eso pide que se creen plazas estructurales, que los investigadores como él no continúen encadenando contratos y puedan trabajar de forma indefinida en un área de investigación: "En mi caso, por ejemplo, investigación en la resistencia con antibióticos. Y dudo que en los próximos años sea un campo de investigación que no vaya a ser necesario. Todo lo contrario. Por lo tanto, no tiene sentido que a mí cada seis meses -cada año- tengan que hacerme un nuevo contrato o no para poder seguir realizando mi trabajo".

Colectivos vulnerables

Otro de los puntos que destacan los convocantes y que, entiende, se deberían reforzar en la ley de la ciencia es la protección de diferentes colectivos ante la precariedad, la inseguridad laboral o el acoso. Celia es una de las grandes defensoras de este punto; ella ha denunciado acoso laboral en el mundo académico con sabotajes e insultos incluidos. Es doctora en biología y asegura que colectivos vulnerables como "las mujeres, los migrantes, los colectivos LGTBI y personas con capacidades distintas" son los más perjudicados porque se producen "casos de acoso y abuso en el ámbito científico e investigador que están vagamente denunciados y, los que son denunciados no son adecuadamente resueltos. Por eso, proponen crear una oficina de integridad científica nacional que pueda sancionar y proteja el anonimato del denunciante: "Esto no existe (...) Sería una oficina pionera a nivel mundial y sería muy importante para la calidad, la transparencia y evitar el fraude en las investigaciones científicas".