La batalla, durante 30 años, de Miguel Ángel y su familia "por conciliar el sueño"

Ciudad Real

30 años dando la batalla buscando la tranquilidad y poder conciliar el sueño. Una sentencia del TSJCLM le ha dado la razón a un vecino de El Torreón, a Miguel Ángel y su familia y condena al Ayuntamiento de Ciudad Real a indemnizarles en más de 100.000 euros por las consecuencias de los ruidos que han padecido. Una batalla que no da por concluida a pesar de la indemnización millonaria porque la contaminación acústica se sigue produciendo a día de hoy.

Vivir en una de las mejores zonas del centro de Ciudad Real, El Torreón para Miguel Ángel y su familia ha sido una pesadilla. Un primer piso, haciendo esquina, encima de un local de copas y discoteca, en la zona de ocio nocturno de la ciudad. Molestias continuas, especialmente los fines de semana, que les generó insomnio, estres, ansiedad y alteraciones psicológicas, que la Administración puso en duda.

En aquellos años, la década de los noventa, creó una asociación vecinal para organizarse y actuar; en apenas dos calles se focalizaron numerosos locales para acoger a los universitarios. Las quejas que elevaban buscaban la medición del ruido para su regulación. Y no solo tuvo que soportar ruidos, también insultos, daños en su vehículo e incluso amenazas.

Jorge Osset, abogado: "El TSJCLM condena al consistorio por su "inacción" durante 30 años y por violar un derecho fundamental

A pesar de ello decidió librar la batalla en los tribunales, junto a su esposa y su hija. Contrataron a un despacho de abogados en Madrid, especializado en ruidos, frente a lo que el fallo del TSJCLM determina la inacción del Ayuntamiento. Elevó escritos al Ayuntamiento, durante cinco mandatos con equipos de gobierno de distinto signo político, a la Subdelegación del Gobierno e incluso al Defensor del Pueblo.

Se sometió a cerca de 70 mediciones por los técnicos municipales y la policía, en las que se registraban hasta 50 decibelios las 5 de la mañana. La última en enero de 2017, a las 7 de la mañana, los niveles alcanzados en el dormitorio fueron de los más altos, superando los 66db, según señala el fallo, una auténtica barbaridad.

Miguel Ángel ya jubilado mantiene su vivienda en el centro pero tuvo que recurrir a otro piso en el extrarradio para que sus hijas pudieran estudiar sin interferencias. Y nos confiesa... que siguen sin poder dormir tranquilos. Debajo de su vivienda, han pasado durante todo este tiempo hasta 6 propietarios distintos ahora reconvertido en discoteca. Repite una y otra vez que, tal y como ha fallado el Tribunal castellanomanchego el consistorio podía haber tomado medidas más enérgicas.

Como explica su abogado, con despacho en Madrid, Jorge Osset, hasta ahora no se había condenado a una Administración por tantos años de "inacción".

La sentencia señala que la familia vio afectada un derecho fundamental, el derecho al respeto de su domicilio, concebido no solo a un simple espacio físico, sino a disfrutar con tranquilidad de este espacio. Llega a asegurar que sufrió una grave violación de este derecho, como consecuencia de la inactividad del Ayuntamiento. No se cumplió con la obligación de protección material de derecho a la vida privada y familiar.

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Mariana Boadella, concejal de Sostenibilidad: "Ahora se han tomado más medidas que nunca, por convicción y para que no se repitan sentencias como ésta"

El Ayuntamiento declaró el barrio como zona acústicamente saturada, reforzó los controles policiales, y ordenó al local en cuestión la instalación de un limitador de ruido, medidas que estima el Tribunal no fueron suficientes, tampoco los procedimientos sancionadores . Dice la sentencia que la Administración podía haber actuado más allá de la mera tramitación de sanciones, como la suspensión provisional de una licencia y que según el Superintendente acumuló una larga lista de sanciones en sus diferentes titulares.

A la Corporación actual, copresidida por PSOE y Ciudadanos, le ha tocado ejecutar esta sentencia. La concejal de Sostenibilidad, Mariana Boadella explica que ha sido ahora, en la presente legislatura cuando más medidas se han adoptado: se ha diseñado un mapa de ruidos, se va a redefinir la zona ZAS y ya se han instalado una decena de medidores o sonómetros para controlar la contaminación acústica. De hecho, se han clausurado varios locales. Sobre la indemnización, asegura que el expediente ya se ha tramitado, el Ayuntamiento paga a 11 días de media, poco falta para que le llegue el dinero; 45.000 euros para Miguel Ángel y su esposa y 10.000 para su hija.

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Mientras paseamos con él por la calle Palma, muchos de sus vecinos y vecinas le paran dándole la enhorabuena. Reconoce que su victoria es un bien para todo el vecindario. La millonaria indemnización está en curso pero Miguel Ángel confiesa que los 100.000 no le quita el sueño sino el local que sigue debajo de su casa perturbando la convivencia. Ya ha remitido nuevos escritos al servicio de licencias urbanísticas de actividad a la Concejalía de Urbanismo. Y aviso a navegantes: "no descarto exigir responsabilidades personales e incluso penales", si no se corrige la contaminación acústica.