Santa Cruz de Tenerife, Madrid

Yasmina pone voz a miles de huérfanos de la violencia machista en España y lo hace con una entereza sobrecogedora. Tenía trece cuando ocurrió todo. Su hermana de catorce años y su hermano de nueve vieron cómo su padre asesinaba a su madre a sangre fía. El pequeño intentó detener a su padre sin éxito, forcejeando con él, mientras le asestaba treinta y dos puñaladas a su madre antes de degollarla. No paró, lo único que repetía era ‘si no eres para mí, no eres para nadie’. “Te acuestas teniendo una madre y te levantas llorándola”, sentencia Yasmina, su hija mayor. “Entonces tu vida se desmorona, te quedas sola, miras a todos lados y todo es dolor”, sentencia.

Quedaron tres niños solos, rotos de dolor, al cargo de una abuela desconsolada que acababa de perder a su hija, a merced de una administración pública inhumana y una sociedad indiferente. En 2004, cuando ocurrieron los hechos, estos niños ni siquiera eran considerados víctimas de la violencia machista. De hecho, Yasmina es incapaz de recordar la cantidad de veces que ha tenido que revivir el asesinato de su madre frente los funcionarios del registro y la administración, hasta que logró borrarse el apellido de su padre. “Nos quitamos el apellido porque nos pesaba como una losa", cuenta Yasmina. Cada papel, recurso o instancia en los órganos administrativos o judiciales se convirtió en una tortura. "Bastante tienes con el dolor como para explicar veinte mil veces el por qué, aportar una sentencia una y otra vez y revivir el dolor cada día”, lamenta Yasmina.

Aquellos tres adolescentes dejaron de jugar para convertirse en adultos de golpe. Dejaron de ser niños para cocinar y hacer la compra. “No fuimos niños nunca más, mi abuela murió al año siguiente y volvimos a ser huérfanos otra vez”, relata Yasmina. Tuvieron que declarar en contra de su padre en un juicio devastador. “Declaramos viendo a través de un biombo a esa persona que ayudo a darte la vida y que nos arrebató la de nuestra madre, riéndose”, explica Yasmina. Su padre, el asesino, alegó en el juicio que la víctima murió de un golpe desafortunado. "Llamó golpe desafortunado a treinta y dos puñaladas y degollada, a eso llama golpe desafortunado”, sentencia Yasmina.

El periplo para borrar el apellido de su torturador fue solo el primer paso del angustioso camino que recorren los huérfanos de la violencia machista en España. Los días posteriores al asesinato, los pequeños fueron medicados y atendidos por una psicóloga del Instituto Canario de la Mujer, pero las sesiones duraron poco. La asistencia psicológica gratuita la consiguieron mantener gracias a la caridad de un ayuntamiento. Yasmina solo encontró refugio en Cristina, su abogada. Su implicación fue tan importante para ella que hoy Yasmina estudia derecho gracias a ella. “Le prometí que estudiaría derecho y hoy soy abogada gracias a Cristina", explica Yasmina. "Creo en la justicia, pero para que sea realmente justa es imprescindible que se aplique con perspectiva de género", añade.

Canarias alberga el primer juzgado en toda España especializado en violencia infantil

En España solo hay un juzgado especializado en violencia en la infancia, está en Canarias y empezó a funcionar hace cuatro meses. Es el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Su principal cometido es cumplir una de las premisas de la Ley de Infancia aprobada en febrero, que prevé la especialización de los órganos judiciales para evitar el sufrimiento de los niños y su revictimización. Este juzgado llega a traducir las sentencias en palabras comprensibles para los más pequeños, haciendo la vida mucho más fácil a personas como Yasmina y sus hermanos.

La infancia y la adolescencia han sido un sector de la población históricamente olvidado. No en vano, hasta el año 2013 no existía un recuento oficial de los niños y niñas víctimas de la violencia de género, asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. Los huérfanos deben tener un apoyo “completo e integral” de acuerdo con lo que se establece en la Ley 1/2004 de violencia de género. Ese apoyo debe ser “material, médico, psicológico y social completo”, añade esta Ley. Los expertos reclaman un protocolo que unifique los criterios de esa asistencia, que actualmente es competencia de las comunidades autónomas y varía en función del lugar geográfico.

“Tenemos un derecho que se ha esculpido y forjado con una perspectiva adultocéntrica, por eso una aplicación mecánica en el sector de la población más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes, puede llevar consigo una discriminación institucional”, explica Gloria Poyatos. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias reclama una aplicación del interés superior del menor, que se incluye en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “Se acaba convirtiendo en muchas ocasiones en el interés general del adulto”, explica la Jueza.