"Lo considero inoportuno": nuevo encontronazo entre los socios de Gobierno por la reforma fiscal

Madrid

Unidas Podemos defenderá en el próximo Pleno del Congreso su propuesta de reforma fiscal, con un nuevo impuesto para las grandes fortunas no bonificable por parte de las comunidades autónomas, una subida del IRPF a quienes ganan más de 120.000 euros al año y un recargo temporal de 10 puntos en el Impuesto sobre Sociedades a las grandes eléctricas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado "la irrupción" de Unidas Podemos en este debate de "inoportuna": "El Gobierno habíamos coincidido en que era importante tener ese informe de los expertos y lo lógico es esperar. Ha salido con esa propuesta, yo lo respeto, pero me tienen que admitir que en este momento hubiera preferido que hubiera esperado"; ha dicho en una entrevista en TVE.

A la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lo que le parece "enormemente inoportuno" es que "en nuestro país todavía los trabajadores y trabajadoras, y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que las grandes empresas". Cree además que, al tratarse de un gobierno de coalición, "los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales, igual que en materia presupuestaria".

Más tramos de IRPF a partir de rentas de 120.000 euros

La propuesta de Unidas Podemos es una proposición no de ley registrada el pasado mes de enero, con la que además propone tapar 'agujeros' en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, incluir más tramos en el IRPF a partir de rentas de 120.000 euros, y rebajar el IVA al tipo súperreducido a los productos de higiene femenina, peluquerías y productos veterinarios.

El debate, que obligará a pronunciarse a sus socios de Gobierno del PSOE, tendrá lugar el próximo martes, según consta en el último borrador del orden del día. En la iniciativa figuran las principales propuestas de esta formación de Gobierno para la reforma fiscal, tarea pendiente del Ministerio de Hacienda y para la cual el departamento que dirige María Jesús Montero prefería esperar el informe encargado a un comité de expertos.

Una tasa que las comunidades no puedan bonificar

Asimismo, llaman a sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por uno nuevo sobre las grandes fortunas con un mínimo exento de un millón de euros, que no sea bonificable por parte de las comunidades autónomas y con los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones.

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Desde esta formación justifican estas características 'para evitar la existencia de paraísos fiscales interiores como el caso de la Comunidad de Madrid', una propuesta ya planteada en anteriores ocasiones, caso de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso o los últimos Presupuestos Generales del Estado, donde plantearon una tributación mínima no exenta en Patrimonio.

En el Impuesto sobre Sociedades, el grupo confederal llama a 'corregir' la erosión de la base imponible para que 'los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a su alcance para reducir la tributación'.

Todo ello con vistas a que 'las pymes paguen un poco menos de impuestos y las grandes corporaciones paguen tipos efectivos similares a los que pagan las pymes, situando un mínimo efectivo del 15% establecido sobre el beneficio neto', explican en su iniciativa.

Recargo a las grandes eléctricas durante 5 años

En la iniciativa también instan a 'avanzar en los compromisos internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y para compensar el deterioro de las bases imponibles asociado al proceso de globalización'.

En Sociedades, proponen elevar 10 puntos porcentuales el tipo impositivo al que tributan las empresas eléctricas con un volumen de facturación a partir de 10.000 millones de euros, durante un período de cinco años prorrogable por otros de duración similar. Desde el socio minoritario del Gobierno esgrimen este endurecimiento para 'ayudar a los consumidores vulnerables en el proceso de transición energética'.

Fiscalidad 'verde' en la producción, no en el consumo

Por otro lado, Unidas Podemos pide una reorganización del menú de beneficios fiscales para asegurar un carácter progresivo del sistema fiscal y mejorar su evaluación, a partir de un informe anual de ejecución de los mismos, semejante al de ejecución de gasto público.

Este, explican, deberá recoger las categorías contenidas en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado, justificando que 'este ejercicio de transparencia contribuiría al estudio de los beneficios fiscales sobre la progresividad'.

Finalmente, plantean una mejora de la fiscalidad ambiental para reforzar 'el principio de 'quien contamina paga', haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo', con el fin de 'evitar que cualquier impuesto 'verde' afecte al bolsillo de la gente trabajadora.

La reforma, una prioridad absoluta

Tras la aprobación y convalidación de la reforma laboral, la reforma fiscal es considerada en Unidas Podemos como una de las grandes prioridades de la legislatura, pretendiendo con ella 'dar un giro de 180 grados' al sistema impositivo, según reconocen en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley.

Con la progresividad como principio fundamental, tal y como viene recogido en la Constitución Española, Unidas Podemos defiende reorganizar y remodelar beneficios fiscales, exenciones, o reducciones que ven como 'elementos importantes de regresividad' o incluso de 'privilegios para las grandes empresas'.

Para evitar futuros recortes

Por otro lado, Unidas Podemos advierte de que, aun reconociendo el fracaso de la 'mal llamada austeridad', 'llegará un momento en que España tendrá que trabajar para reducir su deuda pública' y justifica que 'la única forma de hacer esto sin recortes en el Estado del Bienestar es llevar a cabo una ambiciosa reforma fiscal'.

Todo ello con el fin de reducir una brecha de ingresos públicos de entre siete y nueve puntos de PIB con respecto a la Unión Europea, aseguran, que supone una 'infrafinanciación' del Estado de Bienestar como consecuencia de la falta de ingresos en el sistema tributario.