Alfonso y Carmen, vivir con miedo al desahucio

Alicante

Los desahucios en la provincia de Alicante se han incrementado un 63,6 % en 2021 con respecto a los tres primeros trimestres del año anterior, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es una comparativa de enero a septiembre porque aún está por cerrar el año pasado.

En los nueve primeros meses de este año, los lanzamientos practicados fueron 2.207. En 2020, año de la pandemia, fueron 1.265, y 2.338 en 2019. Esta estadística incluye también los desahucios por impago de alquiler que, en los últimos años, están superando a los de hipoteca.

2021 cerrará con cifras muy altas de desahucios. Subirán si finalmente no se renueva la prórroga del decreto gubernamental que frena los desahucios de quienes puedan demostrar su situación de vulnerabilidad. La fecha límite es este 28 de febrero.

Entre enero y febrero, el Sindicat de Barri Carolines ha logrado frenar siete desalojos.

Borja García, fundador y activista explica que detrás de estas situaciones hay "toda una cadena de poderes", que va desde los fondos de inversión como Cerberus o Divarianse, los bancos y lo que califica de "la aberración de las aberraciones, la SAREB".

Y se da la paradoja de que mientras sigue habiendo centenares de pisos vacíos, en la mayoría de los casos no existe la posibilidad de pagar un alquiler social. Un ejemplo de ello es el caso de Alfonso Martínez Carrasco. Durante 6 años fue inquilino de un piso en la calle Elda, hasta que recibió una notificación del juzgado apremiándole a pagar la deuda del anterior propietario. Cuando firmó con la inmobiliaria pensó que todo era legal, y ahora el juzgado le considera inquilino okupa y a la vez no se le permite negociar el pago de un alquiler digno.

Y el de Carmen Merlo, también en riesgo de desahucio, es un caso distinto, pero con las mismas consecuencias de estar en la calle. Ella llevaba 12 años viviendo de alquiler en Alicante hasta que se quedó en paro, con cuatro hijos, tres de ellos menores. El piso era de la SAREB, pero al no contar con nómina no puede acceder a un alquiler.

Añade Borja García que, mientras tanto, la administración ni compra ni nacionaliza grandes conglomerados, como la SAREB, ni ejerce el derecho de tanteo y retracto, por no hablar de la desatención de la administración local.