La Junta Electoral desestima la denuncia del PP contra Sánchez por el "uso electoral" del Consejo de Ministros

Madrid

La Junta Electoral Central descarta sancionar al presidente del Gobierno por anunciar y aprobar el PERTE agroalimentario, un plan con una inversión de 1.000 millones de euros para el sector primario, en la misma semana en la que se celebran las elecciones en Castilla y León. El PP había presentado una denuncia ante el organismo arbitral alegando que el acto celebrado el pasado lunes en Níjar (Almería), en el que Pedro Sánchez comunicó la aprobación de las ayudas, suponía una demostración del uso “descarado y abusivo de los recursos públicos en beneficio del PSOE”.

En su resolución, la Junta Electoral asegura que “resulta inequívoca la naturaleza pública e institucional de dicho acto” y defiende que las declaraciones de Pedro Sánchez en el mismo “mantuvieron un nivel razonable de neutralidad institucional y estaban circunscritas al ámbito específico y concreto de la visita a una planta geotérmica ubicada en Andalucía”. El organismo concluye por tanto que no se puede acreditar que el anuncio y las declaraciones hayan tenido “una incidencia apreciable en el proceso electoral de Castilla y León”.

En su decisión, la Junta Electoral recuerda además que los procesos electorales en marcha no pueden paralizar la actividad y el funcionamiento normal de las instituciones públicas. Y ahí enmarca los anuncios y acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros. Además, el organismo recuerda que el propio Parlamento Europeo insta a los perceptores de esos planes de ayudas, como el PERTE agroalimentario, a velar por la visibilidad de la financiación europea aportando “información coherente, efectiva y proporcionada”.

Tras examinar las palabras del Presidente del Gobierno, los miembros del organismo concluyen que Sánchez “evitó la introducción de manifestaciones valorativas de contenido electoralista, a lo que se une el dato adicional de que no parece, al menos no se acredita, que desde el Ministerio de Presidencia se haya efectuado un tratamiento imprudente de dichas declaraciones encaminado a su difusión masiva”. Tampoco observan motivos para considerar que se han instrumentalizado esos recursos públicos con vistas “a movilizar el voto de los castellano-leoneses en beneficio de una candidatura determinada”.