Fernández-Tapias clausura las jornadas de discapacidad organizadas conjuntamente por el Colegio de Abogados
La delegada territorial de la Xunta en Vigo destacó el esfuerzo de la Administración autonómica “para ofrecer más oportunidades a las personas con discapacidad
Fernández Tapias , en el centro / Xunta
Vigo
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, clausuró hoy las jornadas de discapacidad organizadas conjuntamente por el Colegio de Abogados de Vigo y la Fiscalía del área.
Un foro en el que participaron ponientes de las distintas profesiones que intervienen directamente en la aplicación de la nueva ley que promueve el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, celebrado en el salón de actos de la Delegación Territorial.
En su intervención, la representante autonómica destacó que una de las realidades que ponen de manifiesto a nueva norma es que “las personas con discapacidad no necesitan que se tomen decisiones por ellas, sino que alguien les ayude a tomarlas, teniendo en cuenta su personalidad y preferencias, aquello que les gusta y lo que no”.
En este mismo sentido, se refirió al esfuerzo realizado en los últimos años por el Gobierno gallego “para ofrecer más oportunidades a las personas con discapacidad con medidas que contribuyeron a una verdadera inclusión de este colectivo en la sociedad”.
Según señaló, “es labor de la Administración pública dotar a las personas con discapacidad cada día de más herramientas para incrementar su autonomía y mejorar su calidad de vida, pero es responsabilidad de todos eliminar las barreras a las que se enfrentan, y no solo las arquitectónicas”. En su opinión, “nuestro compromiso, pero también lo de todos los que integramos esta sociedad, es reconocer que existen personas con necesidades, pero también con derechos”.
“En esta misión compartida, ustedes tienen un papel fundamental e insustituible”, concluyó dirigiéndose a los participantes en estas jornadas, que sirvieron para despejar las dudas surgidas en el marco de una ley, en vigor desde el pasado 3 de septiembre, que implica un cambio de calado en el ordenamiento jurídico español.




