Castilla La Mancha es una de las Comunidades Autonómas, -después de Galicia o Baleares- que más casos ha tramitado sobre delitos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o instituciones religiosas. Hasta la Fiscalía General del Estado se han notificado 5 casos, por parte de la Fiscalía de Castilla La Mancha, uno de los de mayor impacto social, el del ex cura, condenado a 30 años por abusos sexuales a 9 niños con edades entre 12 a 14 años. Pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso, juzgado hace dos años, todavía no ha ingresado en prisión.

Delitos de abusos sexuales que han causado una gran preocupación en la sociedad y que ha llevado incluso al Congreso de los Diputados a tramitar una iniciativa para investigar estos delitos. Este martes en la SER el vicario judicial de la diócesis de Ciudad Real y el que fuera instructor a nivel eclesiástico, de este caso, Bernardo Torres lamentaba que se esté abordando la cuestión con mucho sectarismo, a nivel político. Explica que la Iglesia se ha anticipado y ha dado respuesta con la creación de las Oficinas diocesanas para la recepción de informes sobre conductas que puedan ser constitutivas de delitos de abusos sexuales, de la que es responsable, declarando que "me sienta mal que se lleve esto al Parlamento, la Iglesia tiene sus propios organismos, no solo para juzgar, para prevenir que esto no se produzca y para ayudar a las víctimas en lo que puedan precisar".

Oficinas, que al menos en Ciudad Real, desde su puesta en marcha, no ha registrado ninguna denuncia, a fecha de hoy, algo que le satisface "que siga así porque será un signo de salud social, para todos". Cuenta con un comité de expertos que además de recoger informes o denuncias realizan una función preventiva y de acompañamiento.

Ampliar

"Los protocolos internos recomiendan que se eviten los contactor cercanos y a solas con los menores"

El vicario judicial llama la atención que la Iglesia ocupa el último lugar en la comisión de estos delitos. Alude a informes como el de la fundación ANAR, que defiende los derechos de los adolescentes en situación de riesgo, y que ha analizado casi 90.000 llamadas sobre abuso sexual entre los años 2008 y 2019, que rebelan que la mayoria de los casos se producen en el ámbito familiar y que los casos relacionados con la iglesia, apenas representan un 0,2%. Insiste que aunque solo fuera un caso, también les duele mucho, piden perdón por ello y añade que a muchos sacerdotes les afecta psicológicamente, no saben cómo actuar. De hecho los protocolos internos recomiendan a los párrocos que eviten los contactos cercanos y a solas con los menores.

Pasos a seguir en la Oficina ante la comunicación de un abuso sexual

¿Cómo actuar si se produce un abuso sexual? . El vicario judicial recomienda a los menores, que si se encuentran en esta situación, que lo comuniquen a personas de su confianza, - a un adulto, a su profesor etc- que no se dejen llevar por el miedo o las amenazas y presenten la denuncia tanto en el ámbito eclesiástico, como en el penal. Conviene, insiste, que el menor contacte de forma directa con la oficina.

Sepan que para la entrega por escrito o la comunicación oral de informes de posibles casos de abusos sexuales a menores hay que contactar con el psicólogo pastoralista de la Comisión de Expertos de la Oficina, llamando al teléfono 620 973 048 para concertar una cita, con atención personalizada los viernes de 12:30 a 13:30.

Recordemos que él actuó como juez investigador después de que uno de los niños confesara a la psicóloga los hechos con el ex sacerdote, que era formador en el seminario de Ciudad Real. Tal y como declararon en su día, les realizó tocamientos en los genitales y se las ingenió para verlos desnudos. Asegura que tras su declaración, por iniciativa del obispado se puso en conocimiento de la Fiscalía el caso, insistiendo que la Administración eclesiástica se anticipó. Cuando se inició la vía penal contra él, ya había sido retirado de su función como sacerdote. El fallo de la Audiencia Provincial le impuso además una medida de reclusión en un monasterio por 5 años, con asistencia espiritual y psicológica que el acusado no aceptó, defendiendo su inocencia.