Imputada una técnico municipal de Valdemoro que ocultó datos al juez de la Púnica
También se imputa a la exjefa de los servicios de Urbanismo del ayuntamiento
Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Valdemoro
Valdemoro
El juez instructor del caso Púnica, que se investiga en la Audiencia Nacional desde 2014, ha acordado dos nuevas imputaciones en una de las ramas de la causa: la de una técnico municipal de Valdemoro (Madrid) y la de la exjefa de los servicios de Urbanismo que supuestamente ocultó información a la Fiscalía y al juez.
La decisión se enmarca en la pieza 4 de la causa, donde se investiga un supuesto "plan preconcebido" entre el exconsejero madrileño Francisco Granados y otros investigados para conseguir amañar informes urbanísticos en favor de la trama y manipular así "el planeamiento urbanístico de Valdemoro" al concertar la venta o cesión del suelo público, "cobrando ingentes comisiones por todo ello, en severo detrimento de las arcas públicas".
Así lo explica la Fiscalía Anticorrupción en el escrito donde pedía la imputación de estas dos técnicos del Ayuntamiento, que ha sido acordada recientemente por el juez, según indican a Efe fuentes jurídicas.
De hecho, la declaración de ambas técnicos estaba prevista este mismo martes, si bien finalmente han sido suspendidas, añaden las fuentes.
Una de las imputadas ocupó el cargo de jefa de los servicios de urbanismo del consistorio y, según la Fiscalía, "se erigió en interlocutora" del Ayuntamiento con los investigadores de la causa "a los efectos de ser ella la que proporcionase la documentación (...) que consideró relevante para la investigación".
Así, señalan las fiscales del caso, podía "privar a la causa" de aquellos datos que podían incriminarla a ella y a su compañera.
También la acusan de ignorar los requerimientos del juzgado y de aportar expedientes de forma parcial "en una maniobra que podría interpretarse de encubrimiento de su participación en los hechos investigados".
Más allá de esta posible ocultación de información, Anticorrupción sostiene que ambas técnicos "habrían ayudado a la trama a repartir a la carta la vivienda protegida, informando de favor el protocolo de gestión y el convenio diseñados para localizarla en parcelas propiedad de empresarios que se habrían avenido a pagar una comisión por ello, que serían ilícitos".
Por ello, las fiscales las consideran "posibles responsables" de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documentos, cohecho, blanqueo de capitales e incluso pertenencia a organización criminal.
Esta pieza es una de las que aún siguen en instrucción del caso Púnica, a diferencia de aquella en la que se ha investigado la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, que el juez dio por zanjada a principios de mes, una decisión que está recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
