La justicia europea avala la retirada de fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho

Bruselas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el mecanismo para condicionar el desembolso de fondos al respeto de los valores y principios del Estado de Derecho del bloque tras rechazar los recursos que habían planteado Hungría y Polonia contra esta normativa.

La Justicia europea confirma así la legalidad de un reglamento que está vigente desde el 1 de enero del pasado año y que permite a la Comisión Europea congelar el pago de ayudas (incluidas las previstas en el fondo de recuperación) si detecta vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financieros de la UE.

Contra Hungría y Polonia

Los gobiernos húngaro y polaco plantearon sendos recursos contra el mecanismo por entender que estaba dirigido específicamente contra ellos, carecer de base jurídica adecuada e interferir en competencias de los Estados miembros.

Los jueces europeos concluyeron, en cambio, que el reglamento dispone de una base jurídica adecuada y es conforme con los límites de las competencias y el principio de seguridad jurídica recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

Con respecto a las dudas sobre la base jurídica de la normativa, el TJUE destacó que “la buena gestión financiera” del bloque puede verse “seriamente amenazada” por vulneraciones del Estado de derecho porque pueden derivar en que “no haya garantía de que los gastos (…) cumplan todos los requisitos” fijados por la legislación comunitaria.

En segundo lugar, subrayan que el reglamento “respeta los límites de las competencias” de la UE porque su finalidad es proteger el presupuesto “únicamente en caso de vulneración de los principios del Estado de derecho en un Estado miembro que afecte o amenace con afectar gravemente” su ejecución.

Cumple con los requisitos

Por último, el tribunal de Luxemburgo afirma que el mecanismo “cumple con los requisitos del principio de seguridad jurídica al exigir que se acredite un “vínculo real” entre una vulneración del Estado de derecho y una “afectación o amenaza grave de afectación” sobre el presupuesto comunitario, así como que esa vulneración se refiera a una situación o actuación imputable a una autoridad del Estado involucrado.

También arguye que, aunque el concepto de “Estado de derecho” no queda definido en el reglamento, la Justicia europea lo ha desarrollado “ampliamente” en su jurisprudencia y los Veintisiete tienen “capacidad para determinar con precisión suficiente el contenido esencial y los requisitos” que se derivan de sus principios.

La normativa que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho fue adoptada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo durante las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.

Budapest y Varsovia siempre estuvieron en contra de su aprobación y llegaron incluso a bloquear el acuerdo para el presupuesto porque este mecanismo había salido adelante con mayoría cualificada entre las capitales.

Recursos a la Justicia europea

Los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki plantearon dos recursos ante el TJUE y se apoyaron mutuamente durante el procedimiento judicial, mientras que del lado del Consejo de la UE y la Eurocámara se personaron Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y la Comisión Europea.

Aunque defensora del reglamento, Bruselas prefirió esperar a conocer el veredicto de los jueces del TJUE antes de comenzar el procedimiento contra Budapest y Polonia, que tienen causas abiertas desde hace meses, por ejemplo, por aprobar normativas que perjudican la independencia judicial.

Con la sentencia ya publicada, el Ejecutivo comunitario podría lanzar el procedimiento para congelar fondos a estos dos países, algo que podría suponer en última instancia la suspensión ayudas europeas como las previstas en la Política de Cohesión, un programa del que Hungría y Polonia son importantes beneficiarios con 22.500 millones y 75.000 millones previstos hasta 2027.