VOX pone en su punto de mira al desarollo legislativo sobre Memoria Histórica de Castilla y León
Las declaraciones de García Gallardo son denominadas por el Foro por la Memoria de Zamora como "una nueva afrenta" contra las personas que buscan "verdad, justicia y reparación para sus familiares"
La posible entrada de Vox en el gobierno de la Junta amenaza la Ley de Memoria Histórica de Castilla y León
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Hace 86 años que las candidaturas del Frente Popular en las que confluían republicanos, socialistas y comunistas, hace mucho menos tiempo-apenas tres días- que las elecciones autonómicas en Castilla y León le otorgaban 13 procuradores a VOX.
El candidato de la formación ultra ha declarado que, ahora que sus votos serán fundamentales para que el Partido Popular pueda gobernar, una de sus intenciones es acabar con la legislación contra la violencia machista y también las de Memoria Histórica.
El presidente del Foro por la Memoria de Zamora, el historiador Eduardo Martín, cree que tampoco le será muy difícil cumplir con las exigencias de la extrema derecha dado que la legislación en el campo de la Memoria Histórica en Castilla y León se limita a “una línea de cobertura ínfima de las exhumaciones que se han realizado en Castilla y León” y con una dotación presupuestaria escasa de apenas 10.000 euros.
Cree Martín que puede repetirse lo ocurrido durante el tiempo en que Mariano Rajoy ocupó la presidencia del Gobierno de España, cuando dejar en suspenso legislación al no destinar un solo euro para todo lo relacionado con la Memoria Histórica, algo que puede suponer “una afrenta más” para las personas que siguen buscando a sus familiares que perecieron a causa de la Violencia Política practicada por los distintos estamentos de la Dictadura del General Franco.
El presidente del Foro por la Memoria afirma que “queda mucho por hacer en esta provincia” dado que las dificultades para poder llevar a cabo el rescate de la memoria de los represaiados cuenta cada día que pasa con mayores dificultades que no provienen solamente de las instituciones: la destrucción de las fosas en campos o cementerios, o el simple fallecimiento de las personas que guardaban la información sobre los lugares en los que podrían encontrarse restos de las personas represaliadas.
No solo es una “cuestión simbólica”, recuerda Eduardo Martín, dado que el derecho a la “verdad, la justicia y la reparación” son derechos inalienables de las víctimas.
