El TSJCV suspende su sentencia que calificaba de ilegal la recalificación de terrenos en Penya-roja

València

Lo ha adelantado la Cadena SER. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se va a ver obligado a anular la sentencia publicada la semana pasada sobre la recalificación de dos pastillas de suelo propiedad del Ayuntamiento de València que estaban calificadas como educativas y para zonas verdes en el barrio de Penya-roja.

El motivo de esa suspensión, que ya está siendo trasladada a las partes, es la no comunicación del procedimiento a una de esas partes, en concreto a la conselleria de Territorio, por lo que la sentencia es nula por indefensión.

Así pues, el TSJ tendrá que iniciar de nuevo todo el proceso judicial que analiza, tras la denuncia de la Asociación de Vecinos de Penya-roja la recalificación a uso residencial por parte del Ayuntamiento de dos terrenos de su propiedad para utilizarlos para indemnizar a la Inmobiliaria Guadalmedina después de que la Justicia anulara la operación de Tabacalera impulsada por el anterior equipo de gobierno, dirigido por Rita Barberá, que fue calificada por los tribunales como pelotazo urbanístico.

Explicación del TSJ

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha notificado este jueves una providencia por la que admite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, al haberse producido un error en la tramitación de la causa, concretamente en la notificación de resoluciones -que en el caso de la Abogacía de la Generalitat sigue un sistema diferente al resto de las partes (que sí están incluidas en el sistema Lexnet)- desde el 21 de mayo de 2021.

Conforme a lo que prescribe el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala ha dado traslado de dicho incidente de nulidad al resto de las partes personadas en el procedimiento para que puedan presentar por escrito alegaciones en el plazo de cinco días.

Una vez recibidos los escritos de las partes, el Tribunal deberá decidir si declara la nulidad de las actuaciones. En caso afirmativo, la Sala tendrá que retrotaer el procedimiento al momento anterior en que se produjo el error para que la Generalitat pueda formular alegaciones en el marco del procedimiento, al igual que el resto de las partes personadas, y dictar una nueva sentencia.

Los vecinos seguirán luchando contra la recalificación

Recordamos que los vecinos y la oposición han salido en tromba estos últimos días para felicitarse por la decisión del TSJ que conocimos el pasado viernes, mientras que desde el equipo de gobierno calculaban que la indeminización que debería pagar el Ayuntamiento podría superar los 23 millones de euros.

Esta jueves el portavoz de la Asociación de Vecinos de Penya-roja, José Tárrega, conocía por la SER esta noticia. Se mostraba desolado, aunque avanzaba que seguirán con la batalla judicial hasta las últimas consecuencias.

La oposición carga contra Compromís y PSPV

El Grupo Municipal Popular ha anunciado que presentará una moción al pleno de la semana próxima para exigir que se paralice definitivamente lo que califican de "pelotazo urbanístico" que quería realizar el gobierno local en el barrio de Penyaroja situado junto a la avenida de Francia.

La portavoz del PP, María José Catalá, lamenta el error judicial por el que deberá repetirse "el proceso judicial que ganaron los vecinos". Espera que el próximo auto siga siendo favorable a los vecinos de Penyaroja, "ya que la razón les ampara".

Desde Ciudadanos, su portavoz Fernando Giner, acata la decisión judicial, aunque considera que "es cuestión de tiempo" que el TSJ vuelva a resolver a favor de los vecinos de Penyaroja. Pide al gobierno local que se centre en que la factura "de esta chapuza urbanística irreversible, sea lo menos costosa posible para las arcas públicas".

Gómez: "Que el PP pida perdón y calle"

Sobre este asunto, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, recuerda que a esta situación se ha llegado tras la operación de permuta de terrenos de Tabacalera aprobada por el anterior gobierno del PP. Por eso, califica de "deslealtad y poca vergüenza" la actitud del Partido Popular y reitera que lo mejor que pueden hacer los populares en este asunto es "pedir perdón y callar".

Gómez considera que el fallo del TSJCV anulaba el intento de evitar el perjuicio económico para los valencianos y valencianas derivado de tener que pagar más de 20 millones de euros a una constructora "por el fiasco de una operación llevada a cabo por el Partido Popular".