Habrá juicio por el nombramiento de Marco Antonio Costa como director del Teatro Juan Bravo
Se ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el grupo socialista en la Diputación Provincial por el Decreto mediante el que se hizo el nombramiento
Información juicio contra Diputación por nombramiento Marco Antonio Costa
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El Juzgado de lo Social número 1 de Segovia ha admitido a trámite la demanda presentada por el Grupo Socialista en la Diputación, el 20 de octubre de 2021, contra el decreto del Presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente. Al parecer, mediante el mismo se volvía a nombrar director del Teatro Juan Bravo a Marco Antonio Costa, concejal del PP en el Ayuntamiento de Segovia.
El portavoz socialista en la Diputación, Máximo San Macario, señala que “ahora será la Justicia la que dictamine sobre un hecho que nosotros venimos denunciando desde que conocimos el Decreto firmado en febrero de 2021 por el Presidente de la Diputación otorgando a dedo el puesto de director del Juan Bravo al señor Costa en una maniobra poco ética”.
“Desde que tuvimos conocimiento del hecho, instamos al señor de Vicente a recapacitar y dar marcha atrás en una decisión que no ha respetado en ningún momento el derecho de todos los demás trabajadores de la Diputación a optar a ese puesto”, subraya San Macario, y recuerda que “acabado el plazo de los seis meses de la acumulación temporal inicial contemplada en el Decreto del mes de febrero, lejos de enmendar su decisión y hacer una convocatoria pública y con publicidad, Miguel Ángel de Vicente, decretó el 30 de julio la prórroga por otros seis meses del nombramiento de su compañero de siglas, el señor Costa”.
La demanda, ahora admitida a trámite, "remarca que con el Decreto del Presidente de la Diputación se ha incumplido lo establecido en el Real Decreto 364/1995 que regula lo relativo al personal al servicio de la Administración. No ha habido convocatoria pública con publicidad, exigida por el Tribunal Supremo; no se ha justificado, ni existe, la urgente e inaplazable necesidad que requeriría el procedimiento; y además el trabajador afectado no tiene la titulación exigida para el grupo A2 que es el requerido para el puesto y que debe de aplicarse según el artículo 8 del convenio colectivo de la Diputación y el artículo 77 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público”, señala San Macario.
“No podemos olvidar que a finales de 2020 se incorporó en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) el nuevo puesto de director del Teatro Juan Bravo, siendo el único puesto, de los cientos que componen la plantilla de la Diputación, al que no se le requiere ningún tipo de titulación”, enfatiza el portavoz socialista. “Incluir este nuevo puesto en la RPT era el paso previo necesario para luego proceder al nombramiento irregular de la persona que el Presidente quería que ocupara ese puesto”, añade el portavoz socialista.
“Y tampoco hay que dejar pasar por alto que a la vez se creó un puesto muy similar, el de director del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero, para que el que curiosa, pero adecuadamente, se exige que sea ocupado por un funcionario, nivel A1 y con Licenciatura universitaria”, añade San Macario.
“Desde el Grupo Socialista queremos dejar claras tres cosas –enfatiza San Macario-: en primer lugar, que nuestra intención no ha sido nunca judicializar la política, a diferencia de lo que hacen otros, y antes de acudir a los Tribunales instamos al Presidente de la Diputación a rectificar”.
“En segundo lugar quiero dejar clara, como ya he expresado en anteriores ocasiones, que nunca hemos cuestionado las capacidades personales y profesionales del señor Costa, sino el procedimiento de su nombramiento. Y finalmente, que la responsabilidad política y moral del Presidente de la Diputación no se va a ver condicionada sea cual sea el fallo de la sentencia judicial, puesto que lo que ha hecho el señor De Vicente es, según nuestro parecer, del todo inmoral”.
“No se puede promocionar a un empleado de la Diputación porque sea un concejal de tu mismo partido en el Ayuntamiento de Segovia, tejiendo durante meses la estrategia administrativa con la clara intención de esquivar un procedimiento de provisión público y con publicidad que es el que exige nuestro ordenamiento jurídico”, concluye.
