Los menores marroquíes repatriados en Ceuta deben volver a España

El juzgado contencioso administrativo número 1 de Ceuta no deja lugar a las dudas en dos sentencias donde dice que la Delegación del Gobierno en la repatriación de menores entre el 13 y el 16 de agosto de 2021 no lo hizo conforme a derecho. Tanto es así, que llega a señalar que la vía de hecho de las repatriaciones “vulnera el derecho a la integridad física y moral de los menores”.

La consecuencia inmediata sería que el propio órgano gubernativo adopte las medidas necesarias para la vuelta de los 14 menores afectados de esos 55 que finalmente cruzaron la frontera en esos días. 14 fueron los defendidos por dos oenegés, a los que cedieron sus poderes, Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces. Además, a otros ocho habían conseguido paralizar el mismo procedimiento al adoptarse medidas cautelarísimas.

De paso, la sentencia del contencioso también exige a la Delegación el cese de cualquier actuación que vaya encaminada a continuar con repatriaciones, desde entonces no se han producido más aunque se cuenta con la documentación de los menores esperando una respuesta de Marruecos, según han señalado las mismas autoridades en más de una ocasión.

El juez señala con claridad que no se practicó actuación alguna acorde a la legislación vigente ni material ni formal que llevara a la conveniencia de la repatriación calificando que el retorno de estos menores a Marruecos, su país de origen fue algo “gratuito y vacío de fundamento”. Esta afirmación la acompaña con la falta de un informe sobre la conveniencia de una reagrupación familiar efectiva, desconociendo las condiciones en las que estos menores quedarían una vez pasaran la frontera; si estos iban a ser entregados a su familia natural o a un familiar cercano; o a una institución que los acogiera.

Las sentencias conocidas muestran cómo debe garantizarse en todo momento el interés superior del menor ante la posibilidad de quedar en “situación de abandono o desamparo” una vez fueran repatriados. El juez llega a decir incluso textualmente “No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos”.

La Delegación del Gobierno no quiso hoy hacer ninguna valoración al respecto. Se limitó a señalar a la SER, según fuentes oficiales, a mañana para ampliar posibles detalles. Desde la Ciudad Autónoma, a esta hora, no hubo tampoco ningún pronunciamiento.

Quienes sí han hablado han sido las asociaciones recurrentes a la decisión gubernativa de repatriación de los menores. Desde Coordinadora de Barrios, la abogada Patricia Vicens, consideró que la sentencia realiza una “ponderación de los derechos de la infancia” y el retorno de los menores a España. A esto, le exige al Gobierno su cumplimiento, el “máximo compromiso y fidelidad a los derechos de la infancia” y la adopción de una solución “permanente” para los menores que llegan a las fronteras españolas.

Por su parte, desde Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, recuerda que en 2009 se reconocía por parte del Tribunal Constitucional la tutela judicial efectiva para los menores y que 13 años después “se siguen vulnerando esos derechos” de esos menores. A su juicio, las sentencias le dan un “varapalo” al Gobierno con el reconocimiento de la infancia debe prevalecer sobre el control de las fronteras.

Se trata de una resolución judicial que solo tiene un precedente, 2009, cuando España fue condenada a traer de vuelta a un menor que fue expulsado de Madrid a Tánger, Bilal El Merahui, que gracias al abogado Nacho de la Mata y la Fundación Raíces consiguió retornar a España donde se ha convertido en un célebre cocinero con dos estrellas Michelin. Una sentencia y una vuelta a España adelantada por la SER, que lo acompañó en el viaje de Tanger a Madrid. Esta resolución acabó generando en la práctica la paralización de todas las expulsiones de menores no acompañados.

En su momento, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como el presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas, defendieron el tratado internacional entre España y Marruecos por encima de la legislación vigente en nuestro país.

Las dos sentencias pueden ser recurridas. Las autoridades demandadas contarán con 15 días para la presentación de un recurso de apelación.