La exclusión bancaria de migrantes y refugiados

A las quejas de los mayores para que el sector bancario les ofrezca más servicios y un trato más humano se une la denuncia de otros colectivos como el de los migrantes y refugiados, quienes también tienen muy difícil operar sus cuentas bancarias.

Varias gestoras llevan desde 2019 denunciando la exclusión financiera de este colectivo, que va “muy vinculada con una situación de vulnerabilidad social”, subraya Rubén Romero Masegosa, abogado del Departamento Internacional de la Fundación Cepaim.

Desde las entidades firmantes llevan recogidas solo en el año 2021 más de 300 incidencias, pero aseguran que las trabas permanentes para el acceso y mantenimiento de cuentas bancarias de personas migrantes son mucho más amplias y cuantiosas. Los datos del Banco de España con los que cuentan indican que solo hay un 12% de denegación de solicitudes de personas migrantes. Un dato que creen “sesgado”, ya que corresponde a las solicitudes presentadas y “hay otras muchas denegaciones que se realizan a viva voz o antes de tener ninguna resolución y de la aceptación de la documentación que se aporta para la apertura de una cuenta de pago básica”.

Esta situación imposibilita a muchos migrantes operar con cuentas corrientes para pagar facturas de luz y gas o cosas cotidianas, pero también con cuentas de pago básicas que ya están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social. Se trata de “derechos que están blindados por directivas comunitarias”, asegura Romero. Y denuncia que esta falta de acceso a una cuenta dificulta a su vez el derecho a poder pagar un alquiler o un recibo.

Las causas que esgrimen las entidades bancarias para negar estas cuentas a personas migrantes son múltiples. El abogado explica que van desde la “mera denegación en origen bajo la excusa de la Ley de Prevención de Blanqueo de capital y de financiación del terrorismo” o “simplemente por una mera presunción, lo cual nos parece que es una política más que preocupante, porque al final también tiene un sesgo discriminatorio más que claro”, critica.

Otra causa habitual de exclusión financiera es la obligación de contratar seguros, depósitos o productos financieros asociados, algo que no permite la normativa del año 2017, o el hecho de que no acepten como documentos válidos la tarjeta roja o la tarjeta blanca de los refugiados y solicitantes de asilo.

Pero desde la Fundación Cepaim consideran también grave la falta de información y transparencia a los solicitantes cuando acuden a abrir una cuenta bancaria, ya que directamente no se oferta la cuenta de pago básico para personas en situación de vulnerabilidad.

Rubén Romero cree que tras todo esto “subyace tanto aporofobia como discriminación por origen en el acceso a bienes y servicios que son básicos” y existe “un desconocimiento generalizado de lo que es un solicitante de asilo y de cómo se documenta un solicitante de asilo”.