Navarra Suma propone blindar por ley al profesorado de Religión
Geroa Bai se muestra dispuesta a apoyarla si Educación no garantiza el mantenimiento de los 170 puestos ante la reducción horaria de la asignatura
Parlamento de Navarra / Gobierno de Navarra
Pamplona
La Proposición de Ley registrada por navarra Suma en el Parlamento Foral sobre el profesorado de Religión tiene todos los visos de salir adelante.
Así se desprende de las palabras de la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, María Solana, que en la SER ha defendido que desde hace tiempo se han mostrado partidarios de defender los derechos laborales de estos trabajadores. Solana dice que el Departamento de Educación es quien tiene la llave de la situación: O se sienta a la mesa a negociar con este profesorado una solución, o se encontrará con una ley que le obligará a tomar esas medidas.
Todo ello después de recordar Solana que si por ellos fuera no se impartirían clases de religión en las escuelas. Sin embargo, en la situación actual, consideran necesario no dejar sin protección a profesores y profesoras.
La Proposición de Ley de Navarra Suma pretende, según sus ponentes, solamente defender derechos laborales, no entrar al debate de la necesidad o no de más horas de Religión. En la SER Pedro González, portavoz de los regionalistas en la materia, ha insistido además en que la norma únicamente defendería al actual profesorado y a su situación laboral, no atañe a posteriores contratados.
Son 177 las personas que se encargan de la enseñanza de religión católica en la red pública y concertada. El gobierno de Navarra abona sus nóminas, en iguales condiciones que el resto de personal educativo, pero no pasan el mismo proceso de selección. Ni oposiciones ni listas, Educación no tiene ningún papel en quiénes contrata. Es el arzobispado quien los elige y añade sus propios requisitos.
Es obligatorio estar bautizado católico y obtener la "Declaración Eclesiástica de Idoneidad" que concede el obispado. Para ello, se exige, literalmente "recta doctrina y testimonio de vida cristiana". Deja en manos del obispo los criterios morales y religiosos para concederla y también la revocación de esa declaración en el momento que el prelado considere que se incumple alguno de esos criterios y tampoco podrá ejercer en otra diócesis. Una vez se logra esa Declaración, es el arzobispado el que adjudica la "missio canonica", termino latino con el que se designa la plaza educativa concreta.