Un nuevo proyecto minero alerta a los vecinos de cinco municipios del Valle del Corneja

Ávila

Un nuevo proyecto minero pone en alerta a cinco municipios del Valle del Corneja. La empresa Cerro El Rocil S.L, del Grupo Cosentino, ha solicitado permiso de investigación sobre 71 cuadrículas mineras en los términos municipales de Santa María del Berrocal, Collado del Mirón, Becedillas, Malpartida de Corneja y El Mirón, un permiso que tendría validez para tres años.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba ayer la información y especificaba que el expediente, denominado Polonia 1.152, se puede consultar ya en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León. Hay un plazo de 30 días para que los que se consideren afectados puedan presentar alegaciones en contra del mismo.

Nada más conocer este nuevo proyecto desde la Plataforma No a la Mina del Valle del Corneja y desde la Asociación Vive el Valle del Corneja se han puesto en movimiento. José Antonio Elvira dice que ya han recibido el apoyo de gente de las plataformas de la Sierra de Yemas y de la Sierra de Ávila y van a empezar a visitar los pueblos afectados para informar a la población de lo que supone la apertura de una mina a cielo abierto.

"71 cuadrículas mineras suponen una extensión de más de 2.100 campos de fútbol", explica Elvira. "Y luego pueden ampliar" aún más. "Pedimos a la población que se forme una opinión objetiva, que investigue" acerca de los efectos que estas explotaciones tienen sobre el medio ambiente.

Con este son tres los proyectos mineros que afectan a esa comarca de nuestra provincia, y más concretamente a doce municipios. Por ejemplo, Becedas, está en este nuevo expediente y también en el que lleva abierto desde hace unos cinco años, Sonsoles 1.143, contra el que se presentaron 4.500 recursos de alzada que a día de hoy no han sido resueltos. El tercer proyecto es Madueña 1.149, surgido el año pasado y contra el que también se presentaron en su momento alegaciones.

Desde estas plataformas reivindican un cambio en la Ley de Minas para impedir que sigan proliferando estos proyectos que, a su juico suponen un peligro especialmente para zonas poco pobladas, donde se explotan los recursos naturales para llevarlos a otros lugares y no se genera riqueza en el territorio.

"Hay que recordar a la gente que no son dueños de sus fincas, que el subsuelo es del Estado y que se lo va a conceder al mejor postor", dice José Antonio Elvira. Las plataformas hacen un llamamiento a los representantes políticos de la provincia para que promueven ese cambio en una ley que se aprobó en 1963. "Se lo solicitamos a todos los políticos que en estos días han hablado tanto de la despoblación y de la protección del mundo rural. Que empiecen por ahí".