Algo va mal en la atención bancaria: no solo los mayores se sienten maltratados

Barcelona

La semana pasada un "jubilado no idiota", Carlos San Juan, puso el foco en el abandono que han hecho las entidades bancarias de sus clientes mayores o con dificultad para acceder a los servicios digitales que ahora ofrecen los bancos. "Soy mayor, no idiota" era su lema y su reivindicación que llegó hasta la ministra de economía, Nadia Calviño. Esa acción de este doctor jubilado forzó a las entidades bancarias a un compromiso de mejor atención en sus sucursales para estas personas que no quieren o no saben manejarse bien con las app y la banca digital. Sonia Frías aprovechó la ola de protesta para publicar un hilo en Twitter con su historia.

Su padre murió de COVID hace un año, y desde entonces su banco, CaixaBank, tenía retenido su dinero pese a que los herederos habían presentado todos los papeles y estar confirmado que todo estaba en regla. Ni el servicio de atención al cliente, ni ninguna sucursal les daban una solución. Sonia denunciaba que la desprotección ciudadana frente a la banca va más allá de la digitalización. "No te dan tu dinero porque no les da la gana, y punto. Si quieres resolver denuncia". Hoy Sonia Frías nos ha contado que gracias a la viralización de su tuit y de la avalancha de casos similares que otros ciudadanos compartieron "de repente la cuenta de su padre se desbloqueó" y les ingresaron su dinero en la cuenta. Durante estos 12 meses, según nos cuenta Sonia, les han estado cobrando la comisión de mantenimiento de la cuenta y de las tarjetas de su padre fallecido. Además les querían cobrar 96 euros por la gestión del papeleo de la herencia, que ellos ya habían hecho por su cuenta. El Banco tan solo recibió esos papeles. Esto es ilegal, tal y como ella y su familia comprobaron consultando al Banco de España. Es algo de lo que alerta el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, a quien hemos consultado: "Un banco tiene que cobrar por los servicios que presta". Y cobrar por algo que ya han hecho los herederos por tanto es "ilegal". Destaca Rubén Sánchez la necesidad de acudir o bien a una organización de consumidores o a un abogado para protestar: "Está bien, en primer lugar, acudir al servicio de atención o defensa del cliente en el banco, pero no hay que olvidar que esto es un departamento de la misma entidad. En primera instancia hacer la reclamación ahí para que quede constancia por escrito".

Resaca de la crisis en el PP: No puede ser que la única manera de denunciar la corrupción sean unos SMS a la oposición

Ayer las 3 formaciones de la izquierda en la Asamblea de Madrid: PSOE, Más Madrid y Podemos, presentaron 3 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de corrupción en el contrato adjudicado en 2020 por el gobierno de Díaz Ayuso a la empresa Priviet Sportive, S.L. de un amigo familiar y por la que presuntamente su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión. Eso es lo que ha hecho saltar la tapa de la crisis en el PP y eso también nos hace reflexionar sobre cómo se denuncia y se lucha contra la corrupción en España. Mónica García, la líder de Mas Madrid, ha presentado en su denuncia copia de los SMS anónimos que en noviembre denunciaron esto. ¿Es la única opción? Para Lara Carrasco, abogada y presidenta de "Corruptil" es así porque el PP y Vox han tumbado las iniciativas para trasponer la directiva comunitaria que, desde diciembre, obliga a España a instaurar canales adecuados para denunciar e investigar la corrupción en instituciones y empresas. Proteger a los llamador "Whistleblowers" o "alertadores" de prácticas corruptas. Pero no hay interés. Este caso se sabía, lleva meses guardado en una carpeta ¿quizás esperando el oportuno momento político para activarse? Lara Carrasco, activista anticorrupción: "No hay instrumentos en España para luchar contra la corrupción". Hay comunidades que sí han creado agencias anticorrupción que están funcionando, pero no hay una voluntad política generalizada para luchar contra esto. "Ninguno de los expertos que estamos trabajando en esto sabemos qué está haciendo exactamente la comisión gubernamental encargada de trasponer la directiva europea", se lamenta Lara Carrasco.